Periodismo de Pedro Canché

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El incendio que dejo un enorme lunar en la Isla de Holbox

in Actualidad/Reportajes by

Por Pedro Canche. Fotos de Mary Hernández y Jake Ling.

Un gran lunar chocolate ha marcado la paradisiaca isla de Holbox. El incendio combatido por 50 personas entre pobladores y trabajadores de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) 26 horas después de iniciarse, ha sido controlado en 90 por ciento. Nuestro equipo realizó un recorrido por las aproximadamente 40 hectáreas donde se ve un panorama desolador y caliente entre lo que fue una vegetación tupida.              image                  Aproximadamente 300 mil palmas de chit fueron consumidas. El incendio se ubica en los «ejidos del pueblo», y colindante con el «ejido de los ricos» , especificó Rafael Negrete León titular de la Conafor quien sobrevoló él área. «El fuego se propagó más hacía la parte del «ejido del pueblo», y agregó «es bastante sospecho las circunstancias de ese incendio. Le toca a la Semarnap y Profepa investigar el origen. A nosotros apagarlo».                   image                 En el muelle del Faro o San Telmo, León Negrete espera a la brigada para festejar la liquidación casi total del incendio. Nubes negras esta tarde aparecieron en el firmamento luego de una semana de falta de lluvia. Es la ultima esperanza para liquidar ese incendio atípico.                                                                                   – Nunca se había registrado un incendio en Holbox. En esa zona nadie va. Esperemos que apliquen la ley por las autoridades y no construyan nada ahí. El lanchero está enojado por esa devastación. Igual que los ejidatarios fundadores como don Edgardo Zapata. Porque además es muy probable que se haya incendiado Yumluc ( el cementerio de los grandes señores) un santuario de los mayas prehispánico.                                                      image             Los propietarios de la naviera local 9 hermanos han cooperado con la causa y junto con la alcaldía local han enviado víveres. Otros pobladores españoles se han sumado e incluso montaron un campamento con un médico para atender cualquier emergencia.  El campamento se encuentra a un costado de las cenizas y palmas de chit, cuyo fruto servía para la gran diversidad de especies.                                       Para llegar ahí se necesitan recorrer en la brecha picada por Conafor por unos 500 metros en zigzag entre árboles jóvenes de chechen, chaca y uva de mar y diversos arbustos espinosos. Las enredaderas y la vegetación tupida hacen difícil el acceso. Se tienen que recorrer muy lentamente o de lo contrario se sufren las caídas o los golpes de las ramas en esa brecha pequeña. Junto con dos pobladores avanzamos en derredor de la confralagacion. Hemos llegado aquí vía lancha recorriendo unos 13 kilómetros del pueblo. Tres lanchas de la guardia del parque y de los ejidatarios esperan en el turquesa del mar. Es la belleza de Holbox , ahí mismo consumida por el fuego por primera vez que se tenga memoria.                               El fuego brota de las raíces de los chits centenarios. Ahí el pie del hombre tiene mucho que la puso. Ahora nuestros pies sienten el fuego. Al igual que los 50 voluntarios que están ahí dispersados por tres brigadas. Tomamos la izquierda y luego de una hora de avanzar por intrincados caminos calientes que lastiman el respirar encontramos la primera brigada. El capitalino y el campesino que nos acompaña entregan agua, Sándwiches y manzanas al grupo del Conafor originarios de Valladolid Nuevo, una pequeña comunidad maya ubicada en los límites de QRoo. Las guarda rayas que han abierto con picos y rastrillos contienen el fuego. Hasta ahí han llegado. Han abierto 750 metros pero les queda otro tramo. Están cansados. Beben ansiosos el agua que nos llevó una hora la entrega. Detenernos a sofocar las pequeñas lenguas de fuego que se avivan nos ha llevado más tiempo. Bajo la sombra de un chaca, preguntan quién los alojará esta noche en el pueblo. Todo está resuelto le comentan los voluntarios. Oficialmente la Conafor reconoce 35 hectáreas siniestradas. Parece desde los aires un gran lunar en el verde de la tierra de Holbox.                                                                       Alguien puso su marca. Borge es un gran escapista. Uber y el incendio cubren su retirada constitucional. Aún el escándalo de su Uber aéreo no mueven al quintanarroense ver la graciosa huída de un hombre que jugó a ser rey.                                                             La coca cola se da por aludida y manda un comunicado

PMD HA SIDO RESPETUOSA DE LA LEY Y LO HA DEMOSTRADO AL DETENER EL PROYECTO LA ENSENADA DESDE HACE DOS AÑOS
• El lamentable incendio no está en el área de terreno de PMD, como se ha señalado en redes sociales y medios.

Península Maya lamenta las especulaciones generadas entre usuarios de medios sociales y replicadas en portales periodísticos y otros sitios informativos en Internet en las que se afirma una supuesta responsabilidad de esta empresa en el incendio que afecta desde el fin de semana la Isla de Holbox.
El siniestro, que ya es atendido por la autoridad competente, en este caso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ocurrió en un terreno ajeno a la zona donde se ubican los terrenos de Península Maya Developments (anexamos fotografías)
La empresa ha demostrado su interés en la protección y preservación de los recursos naturales. Prueba de ello es que el proyecto original fue suspendido en tanto se generan las condiciones que determinen la planeación, principalmente con la publicación del Plan de Manejo del Área Natural Protegida de Yum Balam.
En ese sentido, la empresa está dispuesta a coadyuvar con las autoridades correspondientes para que puedan determinarse las causas que pudieran haber generado el incendio, así como sus eventuales consecuencias.
Península Maya Developments entiende el compromiso ético que los medios informativos deben asumir como generadores e intermediarios en los procesos de opinión pública, así como en la toma de decisiones entre la sociedad, lo que implica un alto estándar de calidad en la información que proveen por lo que pedimos investiguen o bien esperen a los resultados de las investigaciones para no generar especulación.

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Para entrevistas e información contactar a:
Lizbeth Pérez
Cel. 5543403598
lizbethperezyasociados@yahoo.com.mx

MUERTOS ANDANTES: Los periodistas que buscan la verdad ( día internacional de los periodistas)

in Reportajes by

Un asesinato cada mes
Muerte a los periodistas en México

A propósito del Día Internacional del periodista, publicamos este reportaje del periodista Guillermo Rivera. La muerte, la persecución y el exilio, el drama de los periodistas que andan tras la verdad y son los muertos andantes..,,Pedro Canche
“¡Tú sabes lo que hiciste!”, gritó uno de los 10 sujetos que lanzaban puñetazos y patadas contra el cuerpo de Humberto Reyes, un periodista que, junto con Rubén Espinosa, el fotorreportero asesinado en la Ciudad de México el año pasado, había documentado con imágenes los movimientos y conflictos sociales en Veracruz.image
Humberto logró escapar de sus agresores gracias a la ayuda de sus colegas, y días después, tomó un avión rumbo a Argentina, en busca de una nueva vida, de un refugio contra la muerte, pero no previó que se encontraría con todo lo que implica emigrar a la fuerza a un país desconocido: soledad, pocas probabilidades de empleo, desesperanza.
Este reportaje cuenta su historia y la de otros colegas que, por la inseguridad que prevalece en México para ejercer el periodismo, se autoexilian, se autocensuran, en un país, catalogado por las organizaciones internacionales que promueven la libertad de expresión y los derechos de los periodistas, como uno de los más peligrosos en América Latina y el mundo para ejercer la profesión, una nación donde cada mes se asesina a un periodista.

Por Guillermo Rivera / @riveravag

El fotorreportero Humberto Reyes caminó rumbo a la pequeña sala de prensa improvisada por sus colegas en la plaza principal de Xalapa, Veracruz, cuando un par de sujetos de corte militar lo sujetaron y le arrojaron puñetazos en rostro y cuerpo. Humberto quiso defenderse, pataleó y gritó, pero a la golpiza en su contra se unieron al menos seis individuos más y lo único que quedaba era intentar cubrirse con los brazos. De nada servía.
“¡Auxilio! ¡Ayuda!”, alcanzó a gritar, aquella noche del 15 de septiembre de 2015, pero aunque a la plaza, renombrada Regina en honor a Regina Martínez, corresponsal de Proceso asesinada en Xalapa hace cuatro años, cientos de personas habían asistido al aniversario 205 de la Independencia, nadie lo ayudó, y los colegas y amigos de Humberto, instalados a unos cuantos metros en la sala de prensa, no escucharon las súplicas.image
Una hora antes, Humberto, de 24 años entonces, arribó a la plaza a cumplir con su trabajo de fotorreportero en la Agencia Veracruzana de Noticias (Avc): capturar en instantáneas del momento en que Javier Duarte lanzara el típico grito anual septembrino. Al momento de cruzar el filtro de seguridad, agentes lo retuvieron al menos media hora y, ante su asombro, uno de ellos le advirtió, desafiante, que anduviera con cuidado. Humberto tenía razones poderosas para alarmarse: apenas mes y medio atrás, su amigo el fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadie Vera, habían sido asesinados brutalmente en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.
Antes de que el evento oficial comenzara, Humberto echó un vistazo en la zona. El recorrido valió la pena: el fotorreportero documentó la excesiva seguridad y las decenas de personas acarreadas al lugar a cambio de algún modesto lunch: un refresco, una torta. Minutos después envió el material a la agencia.
Más tarde, él y los otros fotoperiodistas se instalaron en un palco, frente al Palacio Municipal de Xalapa. Cuando el acto concluyó, caminó rumbo a la sala de prensa y Humberto, alerta ante el crimen reciente, se percató de que los dos hombres lo seguían y de inmediato los fotografió. Los golpes comenzaron y los otros ocho sujetos llegaron de inmediato. Aunque su atuendo era similar al de policías, sobre todo en las botas, entre puñetazos y jaloneos, Humberto se percató de que no cargaban alguna insignia oficial y, justo cuando notó que portaban en el hombro un botón con una cobra, lo derribó un golpe en la cabeza, probablemente propinado con un arma. Entre los gritos de ayuda inútiles, escuchó la advertencia de uno de ellos: “¡sabes lo que hiciste, no digas nada, cállate!”
Humberto pensó en su equipo fotográfico, en los años de trabajo y esfuerzo para comprarlo. Los golpes no cesaban y, por unos segundos, imaginó que su destino sería el mismo que de Rubén. Después, su mente se nubló: el dolor era inmenso, uno nunca antes experimentado. Ya ni siquiera podía gritar, y su último recurso fue fingir inconsciencia.
A Humberto le despojaron de equipo, identificaciones, efectivo e incluso de uno de sus tenis. Al final lo arrojaron al suelo y, un minuto después recobró el sentido e intentó incorporarse, cuando un policía se acercó: “tú eres el del desmadre”. Visiblemente golpeado, Humberto, indignado, dijo: “pero… ¿cuál desmadre? Me acaban de golpear”.
En ese instante, otro policía llegó y el primero soltó, como si se tratara de una advertencia: “vienes borracho”. Ambos agentes lo esposaron, lo cargaron, pasaron el filtro de seguridad y lo instalaron al lado de una patrulla. Los golpes comenzaron de nuevo. Cuando quisieron introducirlo al asiento trasero de la patrulla, por alguna razón abrieron las esposas y, con todas sus fuerzas, Luis jaló su cuerpo, se liberó y corrió a toda velocidad, consciente de que era su última oportunidad de escapar.

***

Miguel Ángel Vega escuchó la potente voz de los hombres armados: “¡más vale que se vayan, porque si no los matamos!”, ordenaron al grupo de periodistas rusos que había llegado pocos días antes a Culiacán, Sinaloa, con el propósito de realizar un reportaje sobre la zona.
Cuando, minutos antes, los periodistas circulaban por cierta zona sinaloense que Miguel Ángel, un periodista de 44 años, prefiere omitir, 10 hombres les cerraron el paso. A los pocos segundos comenzaron los golpes contra los rusos, quienes, en su idioma, suplicaban que se detuvieran, pero la paliza se recrudeció, hasta que Vega gritó:
“¡Somos periodistas!”. “¿De dónde son? ¿Por qué el carro no trae placas de Sinaloa?”, interrogó uno de los agresores. “Es rentado”, respondió Miguel Ángel. “Compruébalo”, ordenó el sujeto al mismo tiempo que sus compañeros encañonaban a los rusos. El periodista obedeció y además mostró sus identificaciones. Por fin, los violentos se calmaron y les exigieron evacuar el lugar de inmediato.
La acción ocurrió hace tres meses y Miguel Ángel, quien es buscado por periodistas de diversos países del mundo cuando llegan a Sinaloa porque quién mejor que él para orientarlos sobre las rutas de Sinaloa, afirma, sin duda: “cuando no conoces y quieres hacer una investigación en una zona controlada o tierra caliente, no lo hagas. El daño puede ser mortal. Lo mejor es mantener un perfil bajo”.image
Los rusos continuaron con su trabajo, “pero con mucha cautela, no quisieron denunciar”, dice Miguel Ángel. “Mira”, agrega vía telefónica desde Sinaloa, “aquí en el estado hay por lo menos 4 mil hombres armados, constantemente rondando la ciudad, viendo qué pasa. Así identificaron a estos periodistas rusos”.
Así que la presencia de los intrusos extranjeros no les agradó. En un escenario así, Miguel ejerce el periodismo desde hace 17 años, actualmente en el semanario Río 12, donde colabora con investigaciones sobre el narcotráfico en México y Estados Unidos. “La vida se te puede ir en cualquier momento por cubrir estos temas, no sabes qué efecto pueden tener. Podrías herir sensibilidades y tener consecuencias graves”, lamenta.
Miguel sigue los movimientos del cártel de Sinaloa, el grupo del crimen organizado, dice, que controla la entidad, pero reportea con cautela, sin profundizar demasiado porque, a veces, “de poco o nada sirve arriesgarse. Si te metes con ellos, te mandan un aviso. Si no haces caso, te matan”, explica el periodista y recuerda a su compañero José Alfredo Jiménez, de Navojoa, quien era reportero en Culiacán y cubría la fuente policiaca. “A la segunda amenaza se fue a trabajar a Hermosillo, a El Imparcial. Continuó con los mismos temas y después desapareció”, cuenta Miguel, con voz fuerte. Otro caso es el de Óscar Rivera Insunsa, exeditor del periódico Noroeste, donde escribía sobre narcotráfico. También fue asesinado.
La de hace tres meses, es una más de las varias veces en que Miguel ha imaginado que es el fin. Cuando comenzó a trabajar, en 1999, cubría nota roja y recibió una amenaza de muerte. Se había atrevido a escribir un texto en el que reconstruyó los hechos sobre el asesinato de un defensor de derechos humanos. Publicar la nota le acarreó consecuencias: Miguel huyó a Los Ángeles y ahí trabajó en un periódico. Meses después, al enterarse de que quien lo amenazó había sido ejecutado en Sinaloa, regresó.
Miguel no ha recibido amenazas en los últimos cinco años pero “existe una lamentable razón. A veces uno mismo se autocensura. El gobierno cuenta con un sistema de inteligencia y la DEA interviene, saben cómo operar. Si descubro dónde está la casa de tal señor y lo publico, interfiero en sus intereses, pero aunque un periodista difunda, nada cambia”.image
¾¿Cuál es la respuesta de los medios en caso de que se asesine a periodistas?
¾Hay solidaridad, sí, exigen que el caso se investigue, pero el clamor acaba de inmediato porque el gobierno le apuesta al olvido. El caso se archiva y se vuelve impune. Hay muchos intereses.
Miguel recuerda que el periodismo es una de las profesiones “peor pagadas económicamente, hablar de mayor salario es quimérico. Por eso, el medio podría ayudar con un seguro a los deudos, pero no deja de ser una empresa que constantemente se quejan de la baja en ventas. Al final del día, dejará de entregar esa pensión y ahí quedará todo.
“Para evitar esto, el medio me protege y se protege: si publico algo que pueda afectar alguna sensibilidad, me censura”.

***
Carlos Lauria, coordinador senior para las Américas del Comité para la Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial, sabe que la situación laboral de los periodistas en México “es gravísima”, pues “es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer la profesión”.
Lauria expone, vía telefónica desde Nueva York, donde se encuentra la sede del CPJ, que en las últimas cinco décadas “más de 50 periodistas han sido asesinados o desaparecidos en el país. Medios de comunicación son víctimas de ataques con explosivos, el número de amenazas en contra del gremio es exorbitante”.
La cifra de periodistas obligados al autoexilio “también es elevado”, pero más allá de la “cifras elocuentes”, comenta el coordinador, “creo que la consecuencia más nociva de esta ola de violencia sin precedentes que ha devastado a la prensa, es el clima de temor, intimidación y terror en el que se desempeñan periodistas y medios, que logra que muchísimos se autocensuren por temor a las represalias”.
¾Es violencia extrema.
¾Ha pasado a ser un problema que ya afecta los derechos humanos de todos los mexicanos, en su libertad de expresión y acceso a la información. Se inhibe la discusión sobre los temas que afectan la vida diaria. Esto perjudica la calidad del sistema y pone en riesgo a la estabilidad de la democracia.
En México, continúa, “de forma generalizada, hay comunidades enteras desinformadas. Los periodistas no pueden cumplir con su labor”.
Por otro lado, Lauria alerta sobre la otra circunstancia que enfrentan los periodistas: “en su intento de escape, migran. Esta situación de inseguridad produce desplazamiento y exilio forzados. A veces, llegan a la Ciudad de México y no siempre encuentran solidaridad. Los periodistas se van solos o con la familia. Y eso implica cambiar de vida. Es realmente traumático”.
¾No siempre encuentran trabajo en otros lugares.
¾Es muy complicado. Ya no pueden escribir sobre temas que eran importantes en sus lugares de origen. Ahora no conocen el ámbito, no tienen contactos, no hay posibilidades concretas. Este desarraigo produce problemas serios: regresan a su hogar o los exiliados toman trabajos menos significativos. Lo vemos seguido: periodistas de habla hispana se refugian en Estados Unidos, a veces no conocen el idioma, dejan la profesión y se dedican a otra cosa.
Y es que, concluye, “quieren preservar su vida, evadir situaciones traumáticas, de persecución y violencia”.

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Las cifras confirman las palabras del CPJ. De acuerdo con el Segundo informe trimestral de Artículo 19, organización internacional que trabaja a favor de la libertad de expresión y los derechos del gremio, un periodista es asesinado en México, en promedio, cada 26 días. Cuando el organismo publicó el informe, a principios de agosto de 2016, se habían registrado ocho homicidios, una cifra que rebasó la del año pasado, cuando se registraron siete.
Artículo 19 advierte que “las agresiones contra periodistas son cada vez más violentas y derivan en situaciones donde se requieren más instrumentos para la defensa, frente a autoridades ineficaces y omisas”. Durante el primer semestre de este año, documentó 218 agresiones contra la prensa. Las físicas/materiales son las de mayor registro durante el semestre, con 46 casos. Le siguen las intimidaciones, con 37, las amenazas, con 35, las privaciones de la libertad, con 32, y ataques a medios de comunicación, con 16.
Durante el mismo periodo, la Ciudad de México fue el primer lugar de agresiones contra la prensa, con 31. Después Veracruz, con 28, Oaxaca, con 27, Guerrero, con 17, y Puebla, con 15.
“La impunidad que penetra a México, particularmente en lo que respecta a las agresiones contra la libertad de expresión, convierte al país en uno de los más letales para la prensa”, dice en el informe Ana Ruelas, directora de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica. “Un aumento de tal magnitud en el número de agresiones sólo se explica por la falta de una política de protección y de acceso a la justicia efectiva”.
El documento afirma que, contrario al discurso oficial de las autoridades que afirma que la mayoría de las agresiones y violaciones a derechos humanos provienen de la delincuencia organizada, Artículo 19 documentó la primera mitad del año, “101 agresiones perpetradas por servidores públicos, frente a siete provenientes de grupos criminales”.
Más datos. El informe Libertad de Prensa 2016, de Freedom House, organización no gubernamental con sede en Washington DC que promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos, afirma que México es uno de los cinco países más peligrosos para los periodistas en América Latina, y lo considera “no libre para la libertad de expresión”, por los ataques violentos por parte de grupos criminales y la impunidad que enfrentan los comunicadores.
Por su parte, en su Balance 2015, Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, indica que México es el país más peligroso para ejercer periodismo en América Latina. A nivel mundial, la organización coloca a Irak y Siria, naciones que viven conflictos armados, como los dos países con mayor peligro. En el ranking internacional, México se colocó en el lugar número siete.

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Aterrorizado, Humberto corrió algunos metros, pero otros policías le impidieron el paso y, justo cuando el par de agentes lo detuvo de nuevo, sus amigos llegaron a auxiliarlo, por fin. Gritaron que aquella acción era una injusticia, que a quien querían llevarse era a un fotorreportero que estaba ahí para ejercer su trabajo. Varias personas se acercaron y los policías dejaron en paz a Humberto.
Sus colegas prácticamente lo cargaron rumbo a la sala de prensa. A los pocos minutos, la familia de Humberto llegó y lo trasladaron a un hospital. Compañeros y familiares se alarmaron ante los varios moretones y heridas. El fotorreportero no recuerda los detalles de lo que sucedió después, pero sabe que esa noche un agente de tránsito arribó a su habitación y le aplicó la prueba de alcoholímetro, pese a que Humberto no había probado una sola gota de alcohol en las últimas horas. Al otro día, personal de la fiscalía local lo cuestionó. “Querían información sobre lo sucedido, pero no accedí, les grité que no sabía quiénes eran, y que nada me aseguraba su procedencia”, cuenta Humberto, en conversación telefónica.
Fue dado de alta y se refugió en casa de sus abuelos. “A los pocos días me fui a la Ciudad de México para tomar un avión con dirección a Buenos Aires”, relata. Un par de amigos que viven allá se solidarizaron: “puedes venir y vivir en nuestra casa un tiempo”. No lo pensó. Dispuso de la totalidad de sus ahorros y su familia aportó lo suficiente para el boleto de avión y al menos dos meses de gastos en el país sudamericano, suficiente tiempo, quizá, para que el prófugo encontrara trabajo.
El director de Avc, en compensación, le regaló una cámara, sin lentes. El Universal, diario en que el que colaboraba, por su parte, no reaccionó. “Le conté al director de foto lo sucedido, pero no hubo respuesta, ni siquiera una llamada. De alguna manera, para deslindarse, dijeron que no estaba en la nómina. Hoy sigo en el diario, pero a la fecha nadie ha tocado el tema”.
Mientras viajaba, Humberto imaginaba, desolado, triste, que en Argentina comenzaría una nueva vida: buscaría trabajo en un lugar desconocido, se relacionaría con nuevas personas, pocas veces volvería a ver a su familia. “Fue muy difícil. Si no fuera por los contactos que me ayudaron a integrarme, habría sido más complicado”, dice. Humberto buscó un empleo, “pero varios días no me desempeñé porque no encontraba. No conocía el lugar, me sentía desganado, muy afligido”, recuerda el fotoperiodista.
La familia se comunicaba a diario y le comentaban que la situación en Veracruz se había complicado. Personas vigilaban su casa y preguntaban constantemente por su paradero. “Imagínate cómo me sentía, alejado de todo”.

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Esa noche de febrero de 2011, Luis Chaparro deseó no haber cruzado jamás de El Paso a Ciudad Juárez. Conducía con dirección a su domicilio, paciente, en calma, cuando una patrulla de la policía municipal, conducida por dos agentes con el rostro cubierto, le detuvo el paso.
Luis, de 24 años entonces y reportero en El Diario de El Paso, con sede en el otro lado de la frontera, jamás imaginó que la historia que había seguido por semanas, aquella sobre un infiltrado informante de la DEA y publicada en el periódico, le acarrearía el episodios más traumático de su vida.
En una de las avenidas de Juárez, donde estaba su hogar y catalogada entonces como una de las ciudades más violentas del mundo por los enfrentamientos entre cárteles, a Luis lo bajaron de su automóvil, lo sujetaron, ataron sus extremidades y lo aventaron a la cajuela de una camioneta como si fuera una bolsa con ropa sucia. Minutos más tarde lo sacaron a golpes y amenazas. “Un secuestro para obtener dinero”, pensó Luis, cuando uno de los agentes gritó: “tenemos órdenes de matarte, y tú ya sabes por qué, hijo de la chingada”.
Al momento, Luis, también corresponsal entonces de la agencia EFE, no entendió de qué se le culpaba y qué tan grave habría sido como para perder la vida. Después lo comprendió: la serie de notas informaba que el infiltrado de la DEA acusaba a la policía municipal de Juárez de trabajar para cárteles de la droga mexicanos.
Ahora era el costal de box de sus secuestradores, ambos de no más de 25 años, en plena avenida principal, poco después de las 12 de la noche de un día entre semana. “¡Llévense el celular, las tarjetas, el carro!”, suplicaba Luis, quien se había percatado de que un tercer oficial condujo su automóvil hasta el lugar donde lo liberaron de su encierro en la cajuela. “No se trata de lana”, insistió un policía que al mismo tiempo tiraba puñetazos al rostro del reportero.
En ese instante, Luis vio pasar a unos metros a oficiales federales. Al tanto de que las dos policías estaban enfrentadas porque trabajaban para diferentes cárteles, pensó que lo salvarían, pero, al parecer, no se percataron de la paliza. “¡Mátenlo!”, ordenó el comandante que condujo el carro de Luis, un hombre moreno, de baja estatura, con una estructura ósea muy marcada y sin pasamontañas.
Nada podía hacerse ya. Luis se hincó, fue su último recurso. “Por favor, no me maten”, imploró. La respuesta fueron más golpes. Luis, por algunos segundos, se resignó, pero la voz de uno de los policías con el rostro cubierto lo reanimó: “y si en vez de matarlo”, sugirió, “que nos dé dinero”. Después escuchó la orden: “mira, idiota, tienes que reunir todo el dinero posible, irás a los cajeros y sacarás todo”. “Pero prometan que no van a dispararme”, pidió Luis al borde del llanto. “¡No estás para pedir favores!”.
Cuando caminaba rumbo al cajero, Luis sintió el fuerte frío de la temporada en Juárez y pensó en correr, pero eso, supo, habría sido un grave error: los policías hurtaron su móvil con los contactos de familiares y su identificación con domicilio. Era inútil. Lo tenían atrapado, controlado por completo.
Luis realizó la operación en el cajero y entregó el dinero a los secuestradores. “En unas horas vamos por ti de nuevo”, advirtió el comandante de piel morena, y Luis comprendió que la suma sólo había servido para darle algunas horas más de vida. A lo mejor, pensó, los policías le dirían a quien mandó a ejecutarlo que aún no lo encontraban. Cómo saberlo.
“Llegué a casa muy alterado. Mi pareja había escuchado todo por teléfono porque alcancé a llamarle. Ella recuerda que juraban que me iban a encontrar como vaca, amarrado en la parte de atrás de mi carro”, cuenta Luis desde Ciudad Juárez, más de cinco años después del espantoso suceso, tranquilo, sin omitir detalles. Mi novia se comunicó con mi familia y al llegar todo mundo estaba ahí, perturbado, pero no tanto como yo”.
Apenas habló. Como Luis es residente estadunidense, no lo pensó: tomó una mochila, introdujo algunas prendas y cruzó la frontera.

***
Cuando los periodistas se autoexilian, indica Sandra Patargo, oficial adjunta del Programa de Protección y Defensda de Artículo 19, sus vidas personales se alteran, el entorno familiar se fractura, ya nada vuelve a ser igual.
“Los periodistas abandonan a sus parejas, hijos”, dice Patargo, “y, en lo laboral, muchas veces pierden su base de trabajo. Cuando llegan a otro lugar, sufren complicaciones para encontrar un nuevo trabajo, sobre todo si no tienen redes de apoyos”.
¾¿Ese fue el caso de Rubén Espinosa?
¾Él salió de Veracruz, donde ya había sido agredido. Instalado en la Ciudad de México, tuvo que cargar con el peso de sentirse víctima: saber que te fuiste de tu lugar y no en busca de nuevas oportunidades. Esto afecta de manera psicosocial y en lo económico: abandonas tu patrimonio, el que sea que tengas.
¾Hay que empezar de nuevo.
¾Sí, podría suceder, depende de cuánto tiempo te vas, si dependías al 100 del periodismo. Hemos documentado que periodistas tenían algún negocio propio. Pero si regresas, ya no es igual. El desplazamiento forzado es complejo y muy duro, porque: ¿qué tanto te puedes adaptar en una sociedad en donde no cuentas con redes y las condiciones son distintas y difíciles? Hay periodistas que se van a otro países, deben aprender el idioma, no tienen conocidos.
¾¿Y los medios? ¿Se solidarizan?
¾Muchas veces, los periodistas prefieren no hacer público dónde están. Eso complica la activación de redes de solidaridad: no quieren que los encuentre la persona que los agredió. Depende de las redes previas del periodista. Si se muda a un lugar donde tiene colegas periodistas, familiares, es más fácil que se active esa solidaridad… pero muchas veces no es así.
Hay casos, cuenta Patargo, “en los que el periodista sale del país con ayuda de organizaciones o embajadas. Su único vínculo es quien lo auxilió a irse. Si regresan a su lugar, pues a veces no lo hacen, se autocensuran, callan por temor a una nueva amenaza o algo peor.

***

Los contactos de Humberto le ayudaron a encontrar empleo en Buenos Aires en un canal de televisión. “Gracias a ellos, sacaba un poco de dinero y siempre estaba al pendiente de lo que pasaba en México. Me preocupaba mi familia, mis amigos que ahora ya no son mis amigos, pues varios de ellos decidieron creer que yo había recibido dinero del gobierno, que por eso no quise denunciar, pero en ese momento me rehusé porque estaba muy temeroso, inseguro porque habían dado conmigo, con mi casa, la de mis abuelos. Afectaban a toda mi vida personal. Yo era bastante cercano a Rubén y creía que me iba ocurrir lo mismo”.
Humberto recuerda que Rubén denunció el acoso en su contra ante Derechos Humanos y la fiscalía, de manera pública, “y finalmente lo persiguieron. Por eso, decidí no acusar a nadie y me fui a otro país”. Eso no impidió que en Argentina Humberto permaneciera sin miedo. Al contrario: “estaba solo en un país tan grande, con una economía, sociedad y modo de trabajar diferentes”. Al final, ese cúmulo de situaciones lo quebraron y decidió regresar, tras vivir los días más complicados y solitarios de su vida.image
“Yo pensé en subsistir allá con lo que saliera, buscando, aunque no fuera periodismo. La cosa era no estar en México y conservar la vida. No se pudo. También volví porque mi labor en Veracruz es personal: cada migrante que pasa por el estado, las familias de los desaparecidos, son historias que deben darse a conocer”, explica Humberto.
Permaneció en Buenos Aires hasta febrero pasado. “Allá no encontraba lo que quería hacer. Cuando encontré empleo, el sueldo apenas alcanzaba para alimentarme y desplazarme, era imposible algún lujo. Si no hubiera sido por mis amigos… fue, complicadísimo, de lo más difícil de mi vida”.

***

M.I.E.D.O.: informe 2015 sobre violencia contra la prensa, elaborado por Artículo 19 y presentado en marzo pasado, indica que ese año fue el más violento para la prensa en México, cuando se registró, en promedio, una agresión cada 22 horas: la organización documentó 397 agresiones, “incluyendo siete asesinatos de periodistas. Esto representa un crecimiento de 21.8 por ciento respecto a 2014, cuando se contabilizaron 326”, indica el documento.
Los periodistas asesinados fueron: Moisés Sánchez (de La Unión, Veracruz), Abel Martínez Raymundo (de Sentimientos de la voz del pueblo, Oaxaca), Armando Saldaña (de Exa FM, Veracruz/Oaxaca), Gerardo Nieto (de El Tábano, Guanajuato), Juan Mendoza (de Escribiendo la Verdad, Veracruz), Filadelfo Sánchez (de La favorita 103.3 FM, Oaxaca) y Rubén Espinosa, de Cuartoscuro, Ciudad de México/Veracruz.
El expediente agrega que el número de ataques contra la prensa durante los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto fue de mil 73 “hechos documentados y representa 58.5 por ciento, es decir, más de la mitad del total acumulado de agresiones de 2009 a 2015, periodo en el cual se registraron mil 832 casos”.
El 46.9 por ciento de las agresiones, agrega, en los últimos siete años, provienen de algún servidor público. “La violencia contra la prensa no es ajena a un contexto nacional que se destaca por casos de violaciones graves, como son las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso de tortura y abuso de autoridad. La impunidad, alimentada por la participación, omisión e inacción del Estado, sufraga la repetición de estos hechos”, precisa el informe.
“El periodismo se ha convertido”, indica, “en una actividad de alto riesgo y en 2015 las entidades que más agresiones registraron fueron Ciudad de México y Veracruz, con 67 cada una, Guerrero con 56 y Puebla con 38. Del total, 69 fueron contra medios, y entre 2014 y 2015, los ataques a éstos aumentó en 80 por ciento”.
El texto también informa que 2015 es el año con mayor número de agresiones contra mujeres periodistas. Se documentaron 84 y “esto pone en evidencia que la violencia contra la prensa incluye características que de manera particular tienen efectos diferentes en la vida personal, psicosocial y profesional de las periodistas, que inhiben el libre ejercicio de sus actividades”.
Artículo 19 concluye que “a pesar de las deplorables condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en México, la respuesta de las autoridades no se ha reflejado en un efecto positivo. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas son instancias ineficaces, que por inacción, omisión, y falta de voluntad abonan a la impunidad y la consecuente repetición de violaciones a derechos humanos”.
Las mismas autoridades reconocen la magnitud del problema. La CNDH informó en marzo pasado que, a partir de 2000, “las agresiones contra periodistas registraron un incremento constante” y que la libertad de expresión en el país vive momentos muy delicados, pues se han cometido 109 homicidios de periodistas de 2000 al 31 de enero de 2016, “en diversas entidades federativas. Seis de cada 10 asesinatos, indicó, se cometieron en cinco entidades: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.

***
“Viví un año del otro lado. Dejé todo”, cuenta Luis Chaparro. El periodista continuó con su trabajo en el diario y en EFE. El único cambio laboral fue que lo cambiaron de sección. La agencia, por su parte, interpuso una denuncia anónima ante la CNDH e indicó el incidente había sido en contra de uno de sus corresponsales en México. No brindó detalles.
“Yo estaba muy asustado, no quería moverle más”, cuenta Luis y recuerda que El Diario de El Paso le solicitó un reporte detallado de lo ocurrido para argumentar el cambio de fuente.
“La agencia, inicialmente”, recuerda Luis, “quería realizar un trámite diplomático para ponerme protección, pero como la policía me secuestró, dije que no. El Diario me ofreció una reunión con el alcalde para exponer el caso y buscar a los responsables. En el mejor de los casos iban a despedirlos y me iban a buscar. Pedí que lo dejáramos así”.
El daño, de cualquier forma, estaba ahí: “desarrollé varios síntomas de estrés postraumáticos. Fui en algunas ocasiones con una psicóloga porque estaba paranoico. Ella me pidió que ya no me expusiera a la violencia, pues en Juárez asesinaban a 13 personas a diario y al menos, en un día, veía a un cadáver. Gente con el cráneo reventado, colgados en los puentes”.
En 2013, Luis decidió ser freelance y regresar a la cobertura que le interesaba: narcotráfico y migración. Hoy sabe qué hubiera sido lo ideal en aquel momento: “los medios donde trabajaba tendrían que haberme contactado con organizaciones como Artículo 19, para saber qué hacer en próximas situaciones. No me ofrecieron ayuda psicológica, ninguno de los dos”, indica el periodista de hoy 29 años que comenzó a ejercer el periodismo en 2007.
“Conozco casos de compañeros que son similares o peores al mío”, dice. Luis recuerda a Armando Rodríguez El Choco, de El Diario de Juárez. “Hay colegas”, dice Luis, “que reciben amenazas, nadie les da el apoyo y al final los matan. En México es muy complicado apelar a las autoridades: uno puede escribir sobre el narco pero éste vive en total impunidad. Eso sí, cuando mencionas a policías, políticos, comandantes, la cosa se pone peligrosa. He corrido mayor peligro si toco un tema que los involucra”.
La mañana del 13 de noviembre de 2008, El Choco fue asesinado afuera de su casa, cuando salió con la intención de ir a dejar a su hija a la escuela. Diversos periodistas y defensores de los derechos humanos han afirmado que el móvil de su asesinato fue que Armando había publicado notas de alto riesgo que involucraban a las autoridades, principalmente a la procuraduría de Chihuahua. Los mismos afirman que su esposa, quien también laboraba en el diario, solicitó al periódico una indemnización para sus hijos, pero que El Diario de Juárez, para no cubrirla, envió a los mismos colegas de El Choco a testificar que, en el momento del asesinato, no estaba en cumplimiento de su labor.
¾¿Cuál es la responsabilidad de los medios ante estos hechos? ¾pregunto a Luis Chaparro.
¾Por un lado, tienen esta obsesión con el morbo, los temas de likes. Obligan a los periodistas a escribir sin investigación. Y cuando uno escribe sobre temas peligrosos, faltan recomendaciones, planes de acción, protocolos de seguridad. Es muy raro que un medio, cuando sucede algo a uno de sus reporteros, responda a la familia con apoyo económico o seguro, aunque el empleado haya sido asesinado por su trabajo. Los deudos quedan desamparados.
¾Además, está el problema de los salarios.
¾En el norte es donde la paga es mayor, entre comillas. En Chihuahua y Monterrey, por ejemplo, es de unos 12 y 15 mil pesos. ¿Qué haces con eso, cuando te arriesgas todo el tiempo? Si no tienes ningún tipo de beneficio social, se pone más crudo. El Choco ganaba unos 8, 9 mil pesos al mes.
El periodista compara la situación laboral de los periodistas y policías: “personas en riesgo y con bajos salarios. Existen los periodistas chayoteros. Es criticable, no lo justifico, pero a veces no hay alternativas ante los bajos honorarios. Yo viví un año a la Ciudad de México y descubrí que los sueldos, a veces, son de 6 mil pesos. La renta de un departamento en un lugar más o menos digno, en contraste, es altísima. Hice freelance: siempre hacen lo posible por pagarte menos, escatiman en pago pero no en tiempo, siempre tardan en saldar”.
Luis vive hoy en Juárez, colabora para Univisión, Proceso y El Universal, y reportea en su ciudad, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Texas. “En este estado también operan cárteles mexicanos, hay riesgo, pues trabajan con los mismos jefes. Quizá no me sucede nada del otro lado, pero al cruzar corro peligro. Ya lo viví”.
Por ahora, las precauciones básicas de Luis consisten en formar parte de dos grupos en Whatsapp integrados por otros colegas adscritos a Artículo 19. “Cuando entro a una cobertura de alto riesgo o voy a un lugar peligroso”, indica, “aviso de qué trata, el inicio y término”. En estos casos, cada uno de los integrantes se comunica a cada hora y, si alguien no lo hace, sus compañeros notifican a la organización. “¿Qué otra medida podría tomar? Es la única”, confirma Luis.

***

Humberto estudió periodismo y este año se graduó. Aprendió la profesión sobre la marcha, cuando hace algunos años comenzó a laborar en medios impresos y electrónicos. Aunque al principio se interesó por el periodismo cultural, cambió de fuente cuando se percató de los conflictos y movimientos sociales en Veracruz. “Me relacioné con personas del medio y me instruyeron sobre qué es la sociedad veracruzana. Me empapé: cubrí el movimiento YoSoy132, el conflictos magisterial, despojo de tierras, descubrimiento de fosas clandestinas, migración, Ayotzinapa, manifestaciones”, cuenta.
A Rubén Espinosa, precisamente, lo conoció en el movimiento 132. “Cubrimos los movimientos sociales que defendían los derechos humanos. No sé cuál fue el detonante, no sé qué molestó, pero recuerdo lo que decía Rubén: te conviertes en persona incómoda si cubres lo que el gobierno no quiere que la gente vera, pues uno se enfoca en dar la voz a la gente, mostrar condiciones estudiantiles, laborales, civiles”.
En Veracruz, la comunidad universitaria comenzó a manifestarse y Humberto no perdió el tiempo: se dedicó a fotografiar cada momento y, si era posible, cada rostro furioso ante las fallas del gobierno local. Humberto siempre publicaba con su nombre.
“Yo también estaba en situación de intimidación, pero no al mismo nivel que Rubén, él era muy terco. Varias veces le dijimos que se fuera del estado y decía: ‘bueno, sí, pero no tengo dinero’”, cuenta Humberto.image
Cuando regresó de Argentina, regresó a los mismos temas. “Pero ya no es lo mismo, estoy más a la defensiva, aunque sé que al gobernante actual le queda poco tiempo”. Volver significó comenzar de nuevo. “Veo a mi familia y un par de amigos, y a pesar de ello, fue como volver a un lugar sin nadie. Sólo me tenía a mí y a una cámara en mano”. Con ayuda de un amigo, Humberto mostró su trabajo en CNN y al poco tiempo le solicitaron más colaboraciones. Actualmente es su corresponsal y colabora en la agencia AFP, Cuarto oscuro y El Universal.
¾¿Concluyó la mala racha?
¾Ahora es mejor pero, ¿a raíz de cuántas cosas? Mejoró mi situación, entre comillas. Te pagan 5 mil pesos por un trabajo pero ¿y si te enfermas? Debes pagar renta, transporte, no es suficiente. No tienes derecho a antigüedad, vacaciones, no hay prestaciones de ley. Estás desgastando un equipo por esos 5 mil. La mitad lo inviertes en comer, transporte. No es vivir, sino sobrevivir. ¿Por qué nosotros no tenemos los mismos derechos que las personas que trabajan en el gobierno? ¿A recibir atención médica? Las agencias ni preguntan cuánto gastas en el reportaje. No. Al final, la paga es nada, el dinero se va. No hay una condición de vida.
Cuando El Universal, hace un año, no se preocupó por el futuro de Humberto, él prefirió ignorar ese desinterés. “No vale la pena molestarse. Así son las condiciones laborales”, indica y cuenta que, sí, reanudó su contrato con el periódico, pero: “me pagan 3 mil pesos, sin seguro, al mes, por enviar fotos, a diario. ¡Imagínate! Para ser franco, aquí en Veracruz, las condiciones de vida son muy desfavorables, tanto para los periodistas como para la gente en general. Es una situación de desesperación y de lucha constante”.

Jorge Domínguez, la negra historia del compadre de Roberto Borge

in Política/Reportajes by

Jorge Domínguez, el compadre del gobernador

Pedro Canché

La historia del 16 de enero de 2006 se repite sólo que en rebote: En el escenario que plantearon en su momento Salvador Guerrero, propietario del periódico Expresión Libre, y su responsable editorial, Miguel Zínzer, falló al paso del tiempo intentando excusar y defender al nativo de Tabasco, Jorge Alberto Domínguez Cornelio, autonombrado operador de medios de comunicación desde su posición en Radio Turquesa del non grato Roberto Borge Angulo (queso de bola), gobernador saliente de Quintana Roo.

A propósito de la espiral de formación política que convirtió a Roberto Borge en el ser deleznable que es ahora, Jorge Domínguez lo hizo su compadre, padrino de una de sus hijas, vínculo honesto pero a través del que concatenó acciones que fueron incrementado su fortuna personal, la misma que le permite lujosos vehículos, gastos onerosos y viajes de placer millonarios, entre otras amenidades.

Jorge Domínguez se alió con el más corrupto gobernador que se tenga memoria en el sureste
Jorge Domínguez se alió con el más corrupto gobernador que se tenga memoria en el sureste

Aquel enero de hace 10 años, los colegas Guerrero y Zínzer relataron una descomposición torva en Cancún que fue creciendo con los más jugosos vicios del priísmo desde la época de la ex alcaldesa de Benito Juárez, Magaly Achach. Hablaron de negocios que resucitarían régimen tras régimen. Y el pronóstico de acontecimientos, un frecuente ejercicio del periodismo, se les cumplió.

Impera en Benito Juárez un desorden administrativo donde la proliferación de giros negros y rojos puede considerarse la situación en las calles de la ciudad como grave, pues contribuyen a la degradación de la vida familiar.

Actividades como la prostitución son promovidas y fomentadas en espacios amplios de las céntricas avenidas José López Portillo y Andrés Quintana Roo, y es en ésta última donde la opción carnal para el relax atrajo al autonombrado operador del queso de bola.
Este incremento de espacios para el relax carnal se ha multiplicado en el trienio del priísta Paul Carrillo de Cáceres, donde la consecuencia de todo este desorden es la aterradora inseguridad pública que hasta ahora mantiene reprobados en desempeño a los representantes. Y este es un tema del que periodistas como Jorge Domínguez Cornelio, compadre de Borge, difunden con un molde a modo para no lastimar a sus benefactores.

La prostitución y los compadres
La prostitución y los compadres

En enero de 2006, la persecución y hostigamiento a periodistas se incrementaron al límite. Jorge Domínguez Cornelio, siendo reportero del diario Novedades de Quintana Roo, propiedad de la familia García Gamboa, y corresponsal de Radio Centro (status que presumía por hablar en el noticiero de Jacobo Zabludowsky), perdió su fuente de trabajo a petición de Francisco Alor, alcalde de Benito Juárez, quien solicitó a los dueños del diario –dicho sea de paso, más interesados por el negocio que por el ejercicio del periodismo—lo echaran a la calle sin derecho a liquidación después de nueve años de labor.

Se habla de que Jorge Domínguez se encargó de difundir a nivel nacional –aprovechando la presunción que le caracteriza—información en medios de comunicación nacionales, sobre la venta de productos básicos (arroz, lentejas y frijol) donados para los damnificados del huracán Wilma en Cancún, puestos a la venta en vez de entregarlos, o condicionados a la compra de materiales también obsequiados por empresas como ayuda humanitaria. Desde ese acontecimiento, aprovechando una plataforma en bandeja de plata, Domínguez Cornelio se catapultó al monopolio que en aquel entonces ejercía Radio Turquesa, propiedad de Gastón Alegre; así, en ese caminito solidificó escenarios que en su vida de reportero hizo con el único fin de pegarse a los dueños del poder y del dinero.

¿Quien le diría a Jorge Domínguez que al paso de los años, en el quinquenio del queso de bola, él mismo se encargaría de hacer con sus colegas situaciones que derivarían en casos de persecución y hostigamiento oficial contra la libertad de expresión?, caso concreto del que esto escribe. Amparado por el poder de un micrófono, atentó contra lo mismo que condenó cuando por Alor a él lo echaron a la calle. Cuando por un gobernante se quedó sin empleo. Demostró, pues, que los valores y la ética están al servicio del dinero, aunque se atente contra los derechos humanos.

En este momento Jorge Domínguez ocupa la dirección editorial del diario La Verdad de Quintana Roo desde noviembre de 2010 (5 años, 10 meses), cargo del que hablaremos líneas abajo porque es sólo de membrete, y sigue cobrando su oneroso sueldo y jugosas comisiones por la dirección de noticias de Radio Turquesa, cargo que según su hoja curricular ocupa desde abril de 2007 (9 años, 5 meses). En septiembre de 2015 se tituló en la licenciatura en Derecho por la Universidad Humanitas.

AFORTUNADO EN EL DINERO…

“Después de tres años de noviazgo, Jorge Alberto Domínguez Cornelio y Yuli Elizabeth Díaz Ayala sellaron su amor con una emotiva ceremonia que tuvo lugar en un resort de la zona hotelera de Cancún”, así inicia la crónica de septiembre de 2015 firmada por la reportera socialité, Yaridia Anaya, quien señala que en el acta que consuma la Epístola de Melchor Ocampo firmaron como testigos el presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres y Luciana Da Vía de Carrillo, así como el dueño del periódico La Verdad, Carlos Canabal Ruiz (ex alcalde interino de Cancún, tabasqueño también) y su esposa, la señora Rosalía Wall de Canabal.
Sigue la crónica de doña Yaridia: “El novio estuvo muy feliz acompañado de sus tres hijos, Helen, Isis y Jorge, así como muchas personalidades de la vida pública y empresarial del estado”.

La boda
La boda

Dice el dicho que afortunado en el dinero desafortunado en el amor, y algo ocurrió en la vida de Jorge Domínguez, porque tras su viaje matrimonial por todo el mundo, luna de miel y costosísimo regalo de bodas, esto que hablábamos líneas arriba, sobre la proliferación de giros rojos (entiéndase bares de desnudos), fue uno de los escenarios donde Jorge Domínguez se le ve meses después de contraer matrimonio; según trabajadores de estos sitios, ha frecuentado en marzo y julio pasado.
“Viene a ver a una bailarina, un monumento de mujer que se nombra aquí como Ámbar. Sólo baila pura música de salsa cuando sube al tubo; dice que es un encargo especial”, apunta uno de esos trabajadores.
Y en efecto, se llama Ámbar, una esbelta mujer, de mórbidas formas, cabello ensortijado, labios de carnosidad sinuosa que, según de su propia boca “son dos los atractivos: las caderas y mi baile”, dice al reportero.

Ámbar "Yo no sé mañana", baile preferido del consentido dé Gastón y Luis Alegre
Ámbar «Yo no sé mañana», baile preferido del consentido dé Gastón y Luis Alegre

Ámbar ofrece ocho shows en una jornada nocturna de lunes a sábado por los que acumula en su bolso un promedio de mil 400 pesos diarios. El grueso de sus ingresos lo representan los bailes privados. Posee un vehículo propio, aunque su domicilio particular es cercano al sitio donde baila, en la Supermanzana 45 de Cancún. La mujer confiesa que hay un periodista que la frecuenta, las características físicas coinciden y termina por revelar que, en efecto, se trata de Jorge Domínguez Cornelio, quien le pide exclusivamente baile el género musical que interpreta el cantante Luis Enrique, el príncipe de la salsa, famoso en Latinoamérica por componer e interpretar este tipo de música, la salsa.
–“Hay una que este amigo me pide mucho que la baile, es la de Yo no sé mañana”, admite la bailarina del table.
Palabras más, menos, la lírica de esta melodía señala: “Yo no sé mañana, yo no sé si tu no se si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé. No se dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá…”.
El matrimonio de Jorge Domínguez y la señora Yuli Elizabeth es el segundo del compadre del gobernador. Se dice y se comenta que el primero fracasó por maltrato y un mal carácter que derivó en una ruptura donde hubo de por medio una tercera persona, pero del mismo sexo, que no fue de varón.

LA MESA DEL NEGOCIO

El 17 de diciembre de 2012 Roberto Borge patrocinó un convivio con medios de comunicación a propósito de las fiestas navideñas. Impresos afines pagados con dinero de las y los quintanarroenses publicaron que, en la mesa de honor, acompañaron al ex marido de Mariana Zorrilla (en ese año la pareja supuraba miel al exterior, por el cumpleaños de Borge y la llegada de su primogénita, aunque según sus allegados, en casa se gestaba un infierno); estuvieron también el director general del Canal 30 de Tulum, Jorge Portilla Mánica (ahora integrante del equipo de transición de Carlos Joaquín y ex candidato por la coalición PAN-PRD); su hermana, Lydia Portilla Mánica, gerente de Radio Fórmula y actual directora de Relaciones Públicas del ayuntamiento con Paul Carrillo.
Se sentaron allí también el ‘señor’ Pepe Gómez, director del Quequi; sus cuñados, Alberto y Heriberto Millar López, todavía como socios propietarios de La Respuesta; Miguel Ramón Martín Azueta, director propietario del diario El Quintanarroense y ahora coordinador de enlace en el equipo de transición de Carlos Joaquín; junto a él Niza Puerto, directora editorial del extinto rotativo; Jorge Domínguez, ya como director editorial de La Verdad y su segundo patrón Carlos Canabal Ruiz.
También Rebeca Uribe, directora de TV Azteca; Eduardo Toledo Cardounel, director de Promovisión Canal 10; Gerardo García Sánchez, aún director del efímero diario El Periódico (propiedad del millonario Ramón Abascal que por no aguantar la altísima facturación con sus gastos personales cerró, pero fue escenario aprovechado por García Sánchez para irse de “asesor” a La Respuesta, cobrándole al gobierno, se dice, más de 100 mil pesos contantes y sonantes para su bolsillo). La lista siguió…
En esa comilona, los reporteros recordaron que Jorge Domínguez compartía el pan y la sal con su otrora verdugo laboral, el también tabasqueño Carlos Canabal Ruiz, pues al ser echado de Novedades corrió a La Verdad en busca de auparse en el brazo de su paisano, sólo que también salió de allí por piernas, porque no le entregó la liquidación que por ley convenía.
“Domínguez se la pasaba diciendo y mentándole la madre a Carlos Canabal, que le pagara, que se las iba a cobrar; que sitio donde lo viera le iba a decir que era un ratero y que le tenía que pagar lo que le quedó debiendo, pero mire, pasaron los años y ahí estuvieron, sentaditos uno al otro, como dice el dicho con dinero baila el perro, ahora son socios”, describe un ex trabajador de Turquesa.

Socios en el poder
Socios en el poder

ADN BELICOSO

Jorge Domínguez ha mostrado su ADN misógino con la hoy diputada federal del PRD por Quintana Roo, Ivanova Pool Sánchez, a quien no la perdona por haber crecido mucho y cuestionarle que no le diera preferencias en manejo de prensa; y con María Eugenia Córdova Sánchez, ex funcionaria del gabinete de Cancún con Julián Ricalde Magaña, de quien se dice recibió consigna por vías del gobernador debido a la enemistad entre el isleño de Isla Mujeres (Ricalde) y el isleño de Cozumel (Borge).
“Mis respetos a las mujeres, soy admirador de tres mujeres en especial, mis dos hijas y mi mamá, que en paz descanse. Tengo la conciencia tranquila y estoy certificado por la Sedesol y por el Instituto Quintanarroense de la Mujer por utilizar lenguaje no sexista. La única mención que hice en la radio de la jefa de Prensa de Benito Juárez, Ivanova Pool, fue de orden estrictamente legal (¿?sic…).
Otro escenario belicoso, en la misma cabina de radio donde ejerce su influencia lo sostuvo con el ex funcionario del gobierno estatal de Mario Villanueva Madrid; ex director en la administración municipal de Julián Ricalde Magaña, miembro fundacional del PRD, Hugo González Reyes. Recuerda personal de la radio: “Jorge se pasó en comentarios respecto a ese señor, los hizo público, al aire, luego don Hugo vino al programa, Jorge lo había invitado y se empezaron a discutir al grado de casi llegar a los golpes; Jorge terminó pidiéndole a su invitado que saliera de la cabina. Pero sí, se iban a agarrar a madrazos”.
Los reporteros de la década del 2000 recuerdan a Jorge Domínguez como un tipo ufano, presuntuoso; reconocen su altísima habilidad para recabar información y aterrizar datos desde su corresponsalía de una radio nacional. Pero, detallan su modus operandis como torvo reportero; “siempre fue un gandalla”. En un capítulo de por el año 2005, cuando siendo directora del DIF de Benito Juárez, Freyda Marybel Villegas Canché, unos menores alojados en un albergue denunciaron maltrato por parte del personal del DIF, hecho que concentró a una nube de reporteros a las afueras del inmueble en espera de datos o declaración de la autoridad al respecto.

Jorge Domínguez y el poder
Jorge Domínguez y el poder

“Habrían pasado tres horas de que estábamos todos allí, era una nota muy fuerte, por eso nos pidieron aguantar; Jorge tendría media hora de llegar cuando hizo lo de siempre, se apartó del grupo, empezó a hacer llamadas telefónicas y lo escuchamos acusar a Marybel Villegas de que algo ocultaban dentro del DIF. Siempre ha tenido el tono de voz intimidante. No sé con quién hablaba, pero casi de inmediato salió Marybel, lo pasó a él nadamás y nos dejaron a todos afuera. El salió sonriente. Eso es tráfico de influencias y es jugar chueco con los reporteros”, reprocha el recuerdo condenatorio de una ex compañera de esos años que pide no revelar sus datos por temor a represalias del “compadre del gobernador”.
Al paso de los años Marybel Villegas fue saltando de puesto en puesto, de partido político en partido político, de relaciones en relaciones.
La historia continuará…

Toda la fauna borgista y felixista los invitados especiales de Jorge Domínguez en su boda
Toda la fauna borgista y felixista los invitados especiales de Jorge Domínguez en su boda

—- FIN (de ahora)

Indhira Carrillo Domani, la mano saqueadora de Félix y Borge

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Indhira es así, una de las mujeres que más poder tuvo en estos últimos doce años. Ella fue la que encumbró a varios periodistas para que se volvieran aliados de Félix y «Beto» Borge con remuneraciones económicas nunca antes escuchadas.                       
Por Pedro Canche*

En el medio periodístico fue muy conocida fue vocera de Félix González Canto durante los primeros años de su gobierno y se mantuvo en la administración pública estatal hasta el final de ese sexenio. Luego llegó al Ayuntamiento de Solidaridad gracias a la cercanía que el exgobernador Félix González tiene con Mauricio Góngora.

Cuando llegó a la capital del estado, viniendo de esa isla de Cozumel donde era una reportera X, buscó aliados que la integrarán al gremio que le ayudarán a realizar su chamba y se tomó nada menos que con David Serrano Pech, un reportero proveniente de Kantunilkin, deseoso de hacer fortuna porque su familia era de más humildes de ese municipio, David estaba saliendo de la administración municipal con Eduardo Espinosa, y en donde no terminó nada bien debido a un amasiato que tuvo en esa administración municipal con una mujer llamada Mary Villanueva, la misma con la que hizo “bisnes” en todos estos dos sexenios pues ella facturaba los banquetes y Coffe Break o cualquier servicio de ese tipo gracias a que él le creó una dizque empresa de ello.

Mary Villanueva, negocios en el poder
Mary Villanueva, negocios en el poder

David Serrano se unió, le fue leal a Indhira Carrillo, hizo negocios estupendos con ella lo que le valió sea recomendado por Félix González e Indhira a «Beto» Borge, siendo hasta hoy el coordinador general operativo de la Unidad de Vocero, en donde dicen que desde hace unos años él manda, pues se volvió amante de Rangel Rosado su jefe y quien anda entre el alcoholismo y la depravación con sus amantes, aunque David es el de planta.

David Serrano y Rangel Rosado, amasiato con dinero del pueblo
David Serrano y Rangel Rosado, amasiato con dinero del pueblo

Indhira es así una de las mujeres que más poder tuvo en estos últimos doce años. Ella fue la que encumbro a varios periodistas para que se volvieran aliados de Félix y «Beto» Borge con remuneraciones económicas nunca antes escuchadas. Muchos de estos siguen aun en el vocero, o se fueron a vivir a Solidaridad en donde hoy gozan de muchos bienes materiales, diríase “ ya están por encima del bien y del mal”. Doña “Polly» la dotó hasta de hijos, pues dejó le dieran dos en adopción por el DIF”.

Indhira fue directora del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), donde se realizaron muchos respaldos para sustentar difusión de programas -sobre todo de tipo social, en donde el recurso era federal y había que mandar evidencias-, desde ahí “se armaban”, ejemplo si un programa federal de alguna dependencia mandaba dinero para realizar spots de radio y cápsulas de televisión, se agravaban ahí, se transmitían ahí y con ello el SQCS se embolsaba millones de pesos de recurso federal, ojalá se investigue desde ese tiempo que ella estuvo en este Sistema que tanto dinero le cuesta al estado.

Ella no tuvo reparos a la hora de gobernar al medio periodístico, lo hizo con la soberbia que adquieren quienes nunca han tenido poder ni dinero y, de repente, éstos le caen a manos llenas. Hace apenas unos meses antes de la campaña electoral salió a relucir su nombre, debido al hackeo de su cuenta de correo.
En los correos enviados este día de forma anónima a medios y periodistas de Quintana Roo, los cuales rápidamente se empezaron a difundir en redes sociales, se revela evidencia que permite vislumbrar la entramada red de responsabilidades de funcionarios municipales en la autoría y ejecución de la campaña para promover a Mauricio Góngora.
La evidencia contenida en el correo ‘hackeado’ de Indhira Carrillo es suficiente para iniciar una investigación sobre ilegalidades electorales y hasta desvío de recursos porque esta campaña publicitaria tuvo un costo y de alguna parte salió el dinero.
Fue cuando Indhira Carrillo Domani es designada como titular de la radio y televisión de Quintana Roo, SQCS ; la sustituye Rangel Rosado Ruiz como nuevo coordinador general de Vocero en el estado, pero esta es otra historia …

 

Hernan Villatoro y Roger Caceres, suegro y yerno que asaltan el poder para amasar su fortuna:Uno por el PT y otro con Carlos Joaquín

in Reportajes by

PT Q. Roo, la otra familia
(Primera parte)
Reportaje Especial
Pedro Canché*

Una conducta que conjuga la simulación con los excesos, la opacidad en el manejo de dinero público para pagar viajes al extranjero y comilonas en exclusivísimos restaurantes, los ataques mediáticos orquestados –pagados también con dinero ajeno-; la mentira, una montaña de adulaciones alrededor, la incongruencia, el allanamiento a toda convicción de libre pensamiento y un rosario de traiciones definen a la familia petista en Quintana Roo.

Integrantes de la clase política en el estado, lo mismo oficiales que fundacionales de la izquierda, sostienen que Hernán Villatoro Barrios, el dueño de la franquicia, ha sido el artífice de negociaciones cupulares que le convienen en cada proceso electoral, no sólo para el financiamiento amañado del PT, sino de supervivencia y amasamiento para su fortuna personal, la que reparte entre otras tres concubinas y la esposa legítima que mantiene en Chiapas.image

Incrustar en la nómina del agonizante instituto político “de la estrella solitaria” ha sido la particularidad del Partido del Trabajo (PT) en la entidad. Mas no lo único. Ha habido (y se dice que siguen allí, incrustados) parentela de todos los órdenes en el árbol genealógico oriundo de Hidalgo, Frontera, Chiapas en el amasiato de más de 12 años (tíos, cuñadas y cuñados, sobrinas y sobrinos, hijas e hijos, hermanos) que el dirigente estatal y diputado Hernán Villatoro Barrios –uno de los que traicionó al pueblo alzando el dedo para votar a favor de las reformas del gobernador Borge—encontró con Lorena Martínez Bellos, quien ha sabido capitalizar su condición de concubinato para beneficiar a sus familiares.

Caso particular, ahora, hasta los de forma indirecta, como su yerno Roger Enrique Cáceres Pascacio, priísta con cargos de institucionalidad, luego regidor por el PRD y en esta nueva etapa, ex candidato a diputado local por el Distrito VI de la coalición con el PAN, aspiración que tiró junto con la millonada gastada en los cientos de botiquines de primeros auxilios que regaló, así como una gris campaña de difusión mediática que tampoco le sirvió. Ufano, ahora piensa él que después de hacer el ridículo ante las masas “se encuentra muy bien en la primera línea del equipo del gobernador electo”.   image

La conducta política de Roger Cáceres Pascacio no sería tomada en cuenta sino porque ha hecho todo lo contrario a lo que su suegra dice rechazar y defender “a favor del pueblo y por una izquierda verdadera”, como se subraya en volantes dispersos en cada campaña donde “Lore” ha repetido, repetido y repetido como candidata.

“El caso de Pascacio es toda una aberración, el cambio de camiseta que ha traído”, es la versión que circula por los pasillos del Ayuntamiento de Benito Juárez entre el personal sindicalizado, donde por cierto, previo a renunciar (dijo él por dignidad para servir a Quintana Roo) gozó de las mieles millonarias que le brindó ser director de Tenencia de la Tierra y Asentamientos Humanos en el Ayuntamiento de Benito Juárez con el priísta Paul Carrillo de Cáceres, uno de los pupilos de Roberto Borge. Y también el dinero que le dejó ser regidor siendo perredista apoyando las intentonas de su suegra por enfrentar a Ricalde Magaña y gente afín como el entonces secretario de la comuna, Jorge Aguilar Osorio (hechos documentados en febrero de 2013).image

Roger Cáceres Pascacio está casado con Alejandra Aguirre Martínez, hija mayor del único matrimonio de la ex directora del Instituto de la Mujer sacada a palos de la dirección municipal que perdió, al quererla cobrar como cuota de poder en la malograda megaalianza de partidos en 2009. Burócratas del ayuntamiento benitojuarense recuerdan que Roger y “Lore” se conocieron allí mismo, en las butacas de la comuna, y fue desde aquel entonces que ella presentó a su hija con su compañero de cabildo, pues Roger Cáceres ocupaba la décimo segunda regiduría presidiendo la Comisión de Industria y Comercio durante la administración de Julián Ricalde Magaña, que posteriormente terminaría en enemistad tras el abuso comprobado a su suegra y la posterior garrotiza que recibió de policías a los que narran reporteros testigos de aquel hecho “se liaron a golpes atacando primero”.image

Gente cercana al círculo dicen que Roger Cáceres, Lorena Martínez y Hernán Villatoro han hecho negocios de todo, algunos no con billetes de alta denominación en mano, sino favores de control político, como utilizar la fachada del edificio ubicado en la avenida José López Portillo esquina con avenida Kabah, Unidad Morelos, Supermanzana 59, donde despachaba Roger, y en cuya sede se colocan lonas de más de 25 metros de dimensión en cada campaña donde Lorena ha buscado seguir viviendo a costa del dinero del pueblo.

PALEROS

En Bolivia, Panamá y Costa Rica al término ‘palero’ se le relaciona con la mentira. En Uruguay, también se le conoce así al mentiroso. En México se dice palero a una persona que ayuda a otra fingiendo no conocerla, a hacer trampas de todo tipo. “Es una persona que favorece o ayuda a alguien, es un ayudante convenenciero de grupos o dirigentes políticos”, definen los diccionarios.

Las definiciones encajan en la familia Villatoro-Martínez-Cáceres y conexos. Aupados en que son familia, durante el proceso electoral pasado dividieron su tiempo para hacer campaña con petistas –que rechazaron la alianza UNE—y por otra parte hicieron comparsa en las caminatas de la coalición PAN-PRD. A la prensa, en repetidas ocasiones, Villatoro Barrios dijo que el propio Carlos Joaquín había ido hasta la dirigencia nacional petista a pedir que el PT se le uniera, señalando que él se opuso argumentando los hechos ocurridos tras la megaalianza de partidos. “…Alberto Anaya nos insistió, nos dijo que Joaquín era un candidato ganador, pero no vamos a dar marcha atrás porque así lo decidimos”, apuntó.image

Trabajadores de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) donde Alejandra Aguirre Martínez labora dicen que la tarea de ellos no era precisamente ganar la diputación y que tampoco les importa haber hecho el ridículo con la pírrica cantidad de votos que Roger Cáceres sacó en el Distrito VI, ubicado en la porción central de Cancún, con un padrón de 34 mil 195 hombres y 32 mil 750 mujeres. “Lo que les interesaba era sacar la posición política porque el señor Villatoro se enojó con Joaquín, bueno, eso dice, que se enojó, pero aquí Ale siempre dijo que su marido iba para otra condición y hasta no una sino varias fiestas le hicieron a Carlos Joaquín y a su mujer, Gaby Rejón. Ella misma lo puso en Facebook”, aseveró la fuente.

En campaña, Lorena Martínez criticó públicamente la conducta de Alicia Magaña Ricalde y de Gregorio Sánchez Martínez, quienes colocaron en suplencias a su hija, e hijo, respectivamente. ‘Lore’ olvidó que ella también, en dos procesos electorales pasados, ha inscrito a su hija Alejandra como su suplente. En esta elección, consta en las actas presentadas por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) también Villatoro hizo lo propio con un familiar directo, inscribiéndolo como suplente.

En su libro “Para entender las instituciones políticas. México en su Bicentenario” el politólogo mexicano Jorge Romero Vadillo sostiene que la izquierda en nuestro país se ha desdibujado. “Sólo basta ver quiénes son los dueños de las franquicias electorales del país que existen enquistados para darse cuenta de ello, por lo que el panorama político del país se recompone en lo que pudieran ser los comicios donde la chiquillada oficial dé la sorpresa, pero haciendo alianzas de facto, de último momento, en el modo más ruin del llamado fast-track que bien han dominado”.

El profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) hizo un análisis sobre las alianzas que tejió, desarmó y recompuso durante este proceso electoral 2016 el Partido del Trabajo (PT) en todo el país. “Todo en política es volátil”, concluyó. En líneas rebosantes de observaciones señala: “El PT, que comenzó con una base de trabajadores, de teología de la liberación y de movimientos de democratización se ha vuelto parte de la jalea general del sistema partidista. Pero con más descaro, porque al menos se tienen partidos oficiales que ya se sabe cómo son, y no los de supuesta izquierda, que simulan y en el último momento hacen el amarre de intereses propios, sus candidatos invitan a sentarse para un diálogo a modo, e incluso, hasta se venden las estructuras”.

En marzo pasado, el periodista Rivelino Rueda, adscrito al sector de Política para el diario El Financiero, de circulación nacional, escribe: “Luego de haber recibido oxígeno por parte de las autoridades electorales para conservar su registro como partido político, el Partido del Trabajo (PT) va por mantenerse en la escena política a través de una desesperada búsqueda de alianzas incomprensibles y de candidatos efímeros, tomados al azar, recomendados por capitales no conocidos, hasta circulan especies que apuntan al panorama que bien saben hacer, amarres de último momento”.

Su análisis periodístico tuvo razón: Los híbridos electorales de ese instituto político, propiedad de Alberto Anaya para los comicios del 5 de junio fueron desde coaliciones electorales con partidos antagónicos, como en Aguascalientes y Chihuahua, donde fueron de la mano con el PRI, el PVEM y Nueva Alianza, hasta la virtual pepena de candidatos, como en Oaxaca, con el ex perredista Benjamín Robles. Todo lo que, en Quintana Roo, Villatoro ha condenado flamígeramente.

En cabal muestra de cinismo, uno de los máximos dirigentes de ese partido, Gonzalo Yáñez, defendió estas coaliciones electorales con partidos de ideología diametralmente opuesta a la del PT, al señalar que cada entidad tiene sus propias circunstancias y su específico escenario político.

Argumentó que en Durango, Puebla, Aguascalientes, Chihuahua, Veracruz o Hidalgo es “sacar del poder a un pequeño grupo que se ha enquistado en él y que mal gobierna”. Sobre el caso de Quintana Roo, donde van solos dijo: “Es decisión única. Sí tuvimos reuniones con el candidato Carlos Joaquín, con las dirigencias del PRD y el PAN, pero te digo, es un caso único, aunque se ve que es un candidato ganador”, admitió.

ARTÍFICES DE LA DISPERSIÓN

A lo largo del proceso electoral las incongruencias de ese partido lo colocaron en un limbo ideológico y de principios. Este año el PT también concretó una coalición electoral en Puebla con el PAN, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI). Artífices de la dispersión ideológica, los petistas no dejaron fuera de estas elecciones a su histórico aliado, el PRD y plantearon ir juntos en los comicios de Hidalgo, donde su abanderado a la gubernatura es el ex operador electoral del PRI, José Guadarrama. Pero apenas en marzo pasado, el Tribunal Electoral de Hidalgo disolvió la solicitud puesto que por un lado la plantearon entre PRD-PAN y en una segunda solicitud se registraron con el PT.

MERCADERES POLÍTICOS

En Quintana Roo los panistas hicieron corillo de una supuesta alianza de facto entre el PT y el candidato de la coalición UNE, una nueva esperanza conformada por el PAN-PRD, Carlos Joaquín.“Hay vínculos de personajes fuertes del partido con Carlos Joaquín. No se dice, pero mucho se sabe”, subrayó una fuente al interior del panismo.

La versión es creíble, al ver postulaciones familiares entregadas a la coalición PAN-PRD; por ejemplo, la de Roger Cáceres Pascacio, candidato a diputado por el Distrito VI, el ex regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez durante la administración perredista de Julián Ricalde Magaña, que brincó a otro cargo en el gobierno saliente de Paúl Carrillo de Cáceres, sólo que como priísta, al frente de la dirección que regula la tenencia de la tierra en el municipio y forma parte de la desbandada tricolor a conveniencia que sigue a Carlos Joaquín. Roger resulta ser yerno de Lorena Martínez Bellos, también candidata del PT a una diputación local, dirigente municipal de este partido y pareja sentimental del dueño petista en Quintana Roo, Hernán Villatoro Barrios, quien jugó como candidato para la Presidencia del mismo municipio que se disputan su familiar político y su concubina.

MÁS DE LO MISMO…

Norma Solano González, ex candidata de Morena a la diputación federal por el Distrito 03 en 2015, identifica a otros familiares de la pareja Villatoro-Martínez incluidos dentro del equipo de Carlos Joaquín. Se refiere a los sobrinos Abraham Santana y José Manuel Martínez, que siempre han coordinado la avanzada y logística de Lorena en las desgastadas campañas electorales en que ha participado. Son los dedos chiquitos y caminaron con el PT y otro día con Carlos Joaquín, cuando éste anduvo repartiendo despensas el año pasado.

Simpatizantes del PT en las regiones de Cancún y en poblados de la zona rural del municipio de Othón P. Blanco aseguraron que hay grupos divididos dentro del partido. Se refieren a la ruptura pública entre Lorena Martínez con Sandino Villatoro, hijo del “candidato” Hernán, quien a la vez es su suplente dentro de la planilla para el Ayuntamiento de Benito Juárez. También al descontento de Miroslava Reguera Martínez, candidata a diputada, sobrina de Lorena Martínez, quien le ha cuestionado a su familiar eventos, fiestones (ver fotos) y desacuerdos que han sido constatados por su propia gente. “Están en desacuerdo con esta alianza, que no la reconocen, pero que bien saben que se está haciendo. Es así este juego. Es un juego familiar”, concreta la fuente.

A todos estos señalamientos se suma el que la verdadera relación entre esta pareja es que ante la aversión ciudadana que hay hacia Hernán Villatoro –acusado penalmente de violación y al que en Chetumal cuestionan por exigir justicia para la muerte del Che Guevara, pero no para la de Marco Antonio May Molina, ex regidor del PT en Othón P. Blanco asesinado en 2014—y al desconocimiento de causas palpables de su voluntad política; Lorena Martínez y varios de sus familiares operan estructura electoral a favor de las negociaciones de facto. “Por años se han dedicado a armar y vender estructuras y le guardan tantas cosas a Villatoro, la cantidad de propiedades que puso a nombre de su mujer y no le queda otra que someterse. Ahora poco adquirieron una súper propiedad en un residencial afuera de Cancún, que tiene hasta un lago”.

NOTA INDENTADA
Un poquito de historia…

En enero de 2013, siendo regidora Lorena Martínez salió a las calles para protestar por el supuesto despido injustificado que hizo el gobierno de Julián Ricalde de trabajadores del Instituto Municipal de la Mujer, pero siguió teniendo a sus familiares en nómina municipal, además de siete personas a su servicio personal.
Lorena hizo que del dinero de los ciudadanos se le pagara a sus dos hermanos y a un sobrino, sueldos de casi 50 mil pesos entre los tres. Pero también colocó a su hija (Alejandra) en el grupo del personal que tuvo a su disposición en la regiduría.
Consta en hemeroteca: los familiares de la entonces dirigente del PT-Cancún fueron dados de alta entre 2002 y 2009.
Su hermana, Consuelo Martínez Bellos fue asignada a la Dirección de Gobierno con un sueldo mensual de siete mil 745 pesos, cuando Alor ocupó la presidencia municipal y Lorena fue regidora.
Su hermano, Jorge Gabriel Martínez Bellos ingresó el 16 de noviembre de 2002 con un sueldo de 22 mil 778 pesos mensuales, en la Dirección de Tránsito, dependencia que tuvo también bajo su nómina a su sobrino, José María “Chema” Martínez González, cobrando 18 mil 400 pesos. Su alta está registrada el 16 de abril de 2009, cuando Lorena era la directora del Instituto de la Mujer.
Un documento interno de la comuna, señala que Lorena Martínez tuvo adscritas a siete personas, entre ésta una supuesta hija de nombre Daniela Monserrat Martínez Chávez, cobrando 10 mil 800 pesos al mes.
Otros incrustados en aquella nómina fueron: La sobrina de Villatoro, Jennifer Guzmán Sibaja; Felipe Reyes García, Elizabeth Blanquet Aguilar, Glendi Loría Poot y Claudia Aguirre Palacios, con un sueldo de 5 mil 345 pesos.     ( Si te gusta él periodismo independiente dona anónimamente en HSBC cuenta 6116225831  con ello seguirá vigente y creciendo este medio )  .

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LOS PIRATAS DE BORGE: EL SAQUEO DE BIENES, INSTITUCIONALIZADO EN QUINTANA ROO

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Esta es la historia de una maquinaria institucional compuesta por funcionarios públicos y notarios auspiciados por el gobernador Roberto Borge que arrebata el patrimonio de empresas y particulares.
Funcionarios del gobierno del priista Roberto Borge son señalados de orquestar una red de despojos a empresarios y a particulares.
Aguas turbias
Funcionarios del gobierno del priista Roberto Borge son señalados de orquestar una red de despojos a empresarios y a particulares.
(Foto: Especial)
Por: MARIEL IBARRA Y SILBER MEZA // Video: DIEGO MACIAS

Es viernes 23 de mayo de 2014. Caribe mexicano. El mar turquesa de Tulum, Quintana Roo. La arena blanca y esos primeros rayos del sol que luchan por desterrar la modorra de los vacacionistas mexicanos y europeos que se hospedan en el hotel boutique Playa Azul.

Apenas pasan las 7 de la mañana. Aún no es horario laboral, pero el actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez y tres de sus compañeros de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún, irrumpen el idílico despertar de este lugar que, por 210 dólares la noche, te acoge en sus cabañas de techos de palmas, terrazas de madera y un pequeño bar a la orilla del mar.

Los funcionarios dependientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social local vienen a arrebatar este pedazo de paraíso sin identificarse ni mostrar una orden escrita, pero acompañados de cuatro camionetas llenas de policías municipales armados. En otras ocasiones, en propiedades cercanas, llegaron con grupos de choque que cargan palos y machetes, vestidos de playeras negras, gorras y pañuelos en sus rostros para no ser identificados.

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En seis horas, camas, mesas, sillones, trastes de cocina y camastros quedan arriba de una mudanza y los turistas en la calle con sus maletas. En seis horas, el ejidatario Joel Tovar deja de tener la posesión de 4,500 metros cuadrados de su parcela del ejido José María Pino Suárez y el español Andrés Pérez pierde su ahorros en el hotelito en que había invertido y que administraba desde hacía cinco años.

En esta franja costera todo es confuso y absurdo: La Junta de Conciliación y Arbitraje entregó el terreno y el hotel a un par de particulares que inventaron ser trabajadores despedidos injustificadamente, dijeron tener sueldos al mes de 753,234 pesos e interpusieron un juicio laboral contra otras personas (no contra Joel ni contra Andrés) que dicen ser dueñas de esa franja de la costa.

El supuesto salario de los ex trabajadores despedidos es 3.6 veces más alto que el del Presidente Enrique Peña Nieto, quien percibe 208,570 pesos brutos.

La “ley fue justa” pues a los supuestos patrones los condenaron a pagar 200 millones de pesos a esos dos empleados, y para hacer efectivo el pago embargaron los hoteles.

Joel y Andrés nunca conocieron a las personas que les demandaron y dicen jamás haberse enterado de ese juicio que fue utilizado para despojarlos de sus bienes. El absurdo se apodera de todo: el gobierno del estado encabezado por Roberto Borge habría dejado, a través de la falsificación del registro de la propiedad y de un dudoso juicio laboral sin su patrimonio para proteger a falsos trabajadores de falsos dueños.

Esa mañana de mayo la escena se repite en tres hoteles más: Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo.

Y dos años después en junio de 2016, con idéntico proceder la trama del despojo se repite en Tulum.

EDITORIAL: El despojo en Quintana Roo debe ir a juicio

LA RED OFICIAL DE DESPOJOS

 

El despojo al Hotel Playa Azul es sólo uno de los casos que Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad han corroborado, donde empresas y particulares han sido afectados a través de una maquinaria institucional que es operada por una red que involucra a funcionarios públicos del gobierno de Roberto Borge.

Esta red maneja un sistema masivo de fraudes y despojos de casas, departamentos de lujo, edificios y terrenos a particulares para apropiárselos o venderlos a la mitad de su valor. El esquema de despojo también opera mediante el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias. Esto le sucedió en marzo y mayo de este año a las empresas Pochteca y Planigrupo, hoy registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, y a varias empresas locales y multinacionales entrevistadas que no permitieron citar su nombre en esta investigación por temor a represalias.

Los denunciantes señalan que la estrategia está montada en juicios laborales falsos o amañados por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o mediante compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad y al menos una notaria pública a través de juicios civiles exprés.

Los protagonistas de estos son el exsecretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; y el exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima, recientemente nombrado magistrado por el Congreso local a propuesta directa del gobernador. El nombramiento quedó aprobado junto con el llamado “paquete de impunidad” para el gobernador priista.

A final de cuentas, varios de los compradores de esos inmuebles en disputa son funcionarios municipales y políticos del PRI y Partido Verde, que se vieron beneficiados en transacciones a menor precio que lo que se establecía en su momento.

No existe una cifra global que pueda dar cuenta del tamaño de la afectación, pero tan solo en cuatro de los casos cuyos expedientes se tienen, una muestra mínima de lo sucedido en el estado, el daño rebasa los 340 millones de pesos.

Este esquema de despojos de bienes y congelamientos de cuentas bancarias tiene más de cinco años que opera en el estado. Roberto Borge conoce las afectaciones a través de desplegados, de notas de medios locales y nacionales —como uno publicado en septiembre de 2015 por la periodista Lydia Cacho—, por manifestaciones de afectados como los de Tulum, además de reclamos directos de empresarios y políticos que conocieron la situación.

Ante los hechos, representantes del empresariado local buscaron a Borge a través de su secretario de Gobierno. La respuesta fue crear una mesa de diálogo en diciembre de 2015 con parte de los involucrados en su operación.

Los empresarios quedaron sorprendidos al ver que la mesa fue coordinada por quienes consideraban responsables del despojo: el entonces secretario del trabajo, Patricio de la Peña y el subsecretario, Enrique de la Cruz Pineda.

En enero de 2016 el gobierno y las cámaras empresariales firmaron un convenio para mejorar el actuar de las Juntas Locales de Conciliación a fin de hacer más transparentes los juicios laborales contra sus empresas. Eso no surtió efecto y a lo largo del 2016 los fraudes y despojos de inmuebles tierras y dinero a través de juicios laborales continuaron.

Varios de los funcionarios involucrados siguen en sus cargos y las operaciones continúan. Otros han conseguido cargos de elección popular. Tras la derrota electoral de la alianza PRI-PVEM en el estado, el congreso local controlado por Borge eligió a puerta cerrada y en un hotel de Cancún, a Javier Félix Zetina González primo del exgobernador Félix González Canto, padre político de Borge como el nuevo titular de la Auditoría Superior del estado.

Estos despojos amparados por la autoridad se dieron en un estado al borde de la ruina. Quintana Roo es el estado del país con mayor deuda por habitante. Debe 2.5 veces el dinero que recibe al año de la Federación (el promedio nacional es 0.8 veces) según un reporte de abril del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Es la segunda deuda más cara del país, por encima de Tlaxcala. La calificadora de deuda S&P, que evalúa la capacidad financiera de los estados, prevé un déficit después de gasto de inversión de 10% de sus ingresos totales en el periodo 2016-2017 si el estado no corrige el rumbo.

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto conoce el caso aunque sea porque el 29 de mayo de 2014 se publicó un desplegado a plana completa en El Universal donde se explica la problemática de despojos en Tulum y la violencia que se ejerce contra ellos para presionarlos a dejar sus tierras. Una fuente que no se quiso identificar señala que la Presidencia turnó el caso a la Procuraduría Agraria.

 

Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad buscaron por varios medios a los principales actores involucrados. El exsecretario del Trabajo Patricio de la Peña declinó hacer cualquier comentario, otras llamadas al vocero y al secretario de gobierno del estado fueron infructuosas, mientras que Alexis Zavala, presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 sí aceptó una entrevista telefónica donde dijo que actuó conforme a derecho y desvinculó al gobernador Roberto Borge de cualquier acusación.

Aquí su versión:

—Una de las grandes críticas que se le hacen a la junta es que no notifican. Al revisar los expedientes, como un modus operandi, nunca los encuentran en sus lugares, y ustedes proceden con el juicio.

—En el caso de la notificación hay un procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo, éste no se puede pasar por alto. Uno no puede prescindir del proceso en un juicio laboral de las formalidades que estable la ley para notificar.

—Pero ellos dicen que ustedes no los notificaron, que nunca pudieron ver los expedientes y que les han puesto muchas trabas para conocer de qué se les acusa.

—Eso, evidentemente, no es cierto.

—(En Tulum) dos trabajadores dijeron que ganaban 753,234 pesos al mes, ¿y ustedes les creyeron?

—Por regla general la carga de la prueba es para el patrón, y si el patrón en su momento no puede desacreditar o desvirtuar esta situación, se tiene en su momento que condenar.

—¿Y cómo el patrón va a poder demostrar lo contrario si ustedes no los notifican?

—La verdad es que no quiero discutir con su apreciación. Si es su forma de ver las cosas no tengo mucho qué decir al respecto más que hay estricto apego a la ley.

—¿Ustedes se han beneficiado, han recibido algún porcentaje del dinero que reciben los trabajadores?

—Categóricamente no.

—¿En algún momento el gobernador Borge le ha pedido una resolución en algún sentido?

—Absolutamente no. Nosotros, como presidentes de junta, somos absolutamente autónomos en las decisiones que tomamos.

JUICIOS LABORALES: DE UNA INCONFORMIDAD… AL DESPOJO DE LOS BIENES

Faltan siete días para la quincena, es 23 de marzo de 2016, y en las instalaciones de la compañía transnacional Pochteca, ubicadas en la Ciudad de México, se prepara el pago a sus trabajadores. El tesorero de la empresa ha intentando sin éxito hacer las transferencias electrónicas. Habla al banco donde tiene depositado el dinero de la nómina y la noticia que le dan lo deja pasmado: su cuenta bancaria está congelada.

Pochteca es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores: se especializa en la distribución de papel, cartón, químicos y lubricantes en más de 500 ciudades de Latinoamérica.

Ante el problema, el encargado de los pagos intenta hacer la operación con otra cuenta y sucede lo mismo. El director de la empresa indaga y se entera que las cuentas habían sido inmovilizadas por orden de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cancún. En un juicio laboral del cual no estaban enterados se había fallado en contra de la empresa.

“Fuimos a la Junta de Conciliación a pedir copia del expediente y nos dijeron que estaba ‘extraviado’; intentamos interponer un amparo y el juez nos pedía que le lleváramos copia del expediente. Tuvimos que llevar a un notario a que diera fe de que el expediente no lo tenían en la Junta… logramos el amparo y nos dieron acceso a él, pero era demasiado tarde, de nuestras cuentas ya habían retirado dinero para cobrar los laudos”, narra Armando Santacruz, director general de la empresa.

Entre marzo y abril de 2016, a Pochteca le fueron inmovilizadas siete cuentas bancarias y retirados casi 5 millones de pesos producto de dos juicios laborales radicados en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 1, bajo el expediente 072/2014 y de la Junta Especial Número 2, con el expediente 1098/214. Ambas ubicadas en Cancún.

 

Pochteca, según Santacruz, fue víctima de un juicio laboral amañado donde se violó su derecho a audiencia, ya que nunca fueron notificados para defenderse. Tampoco se les informó del fallo del juicio que los condenaba al pago de una indemnización millonaria.

Los directivos de Pochteca se enteraron de la primera denuncia laboral en su contra cuando les inmovilizaron sus cuentas de Banamex, HSBC y Banorte para cobrar el laudo laboral por 1 millón 598,566 pesos de un trabajador que los había demandado un año antes. De los detalles de juicio se pudieron enterar a través de una orden del Juzgado Tercero de Distrito, que obligó a que les dieran acceso a su expediente.

El problema no paró ahí. Un mes después vino una segunda demanda por parte de una persona que nunca ha trabajado en la empresa. Con la segunda demanda interpuesta por el falso trabajador, la empresa aún lucha para que le entreguen el expediente y poder saber quién y por qué los demandan. Se encuentran a ciegas.

“Es un absurdo no conocer quién te demandó, ganó un laudo y cobró el dinero, no saber el por qué te lo retiran porque te lo retiraron de tus cuentas sin tú enterarte de nada; hacen todo así para que no te puedes defender. Violan totalmente tu derechos a defenderte”, expresa Santacruz, quien aún litiga en tribunales.

De manera similar a las acusaciones de Pochteca, la desarrolladora Planigrupo sufrió la congelación de sus cuentas por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún el 10 de mayo de este año. Según fuentes conocedoras del caso que solicitaron el anonimato. Cuando los abogados de la compañía solicitaron el expediente la Junta se habría negado a compartirlo. Una semana después, la Junta tomó 2.2 millones de pesos de sus cuentas. Al día de hoy la compañía sigue sin recibir el expediente del caso, en el cual pudieron saber por otras fuentes que el laudo nació de una denuncia de 2011, fecha en que la empresa aún no existía en Quintana Roo.

 

ADIÓS A LOS LOFTS DE LA LAGUNA

Con este mismo modus operandi de juicios laborales fueron embargados 51 de 62 condominios del complejo llamado Lagoon Loft, ubicados dentro del Club de Golf Pok Ta Pok en la zona hotelera de Cancún. La causa fue una demanda laboral de 21 supuestos empleados, iniciada con el expediente 1049/2012 en la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje de Cancún.

El embargo del edificio se dio cuando los inversionistas atravesaban por un problema económico y detuvieron la terminación del equipamiento del complejo. El actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez llegó con una veintena de policías municipales armados para tomar el desarrollo en una diligencia de la Junta Especial Número 2. La justificación legal era cumplir con el laudo por 48 millones de pesos a favor de los supuestos trabajadores.

El tiempo que transcurrió entre que el propietario del complejo habitacional se enteró del juicio laboral y el desalojo del inmueble fue de tres meses.

62 condominios, ¡tomados en Cancún!
A través de juicios simulados, inversionistas fueron despojados de un complejo en el Club de Golf Pok Ta Pok.

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Lagoon Lofts está valuado comercialmente en 20 millones de dólares. El representante legal de la empresa afirma que los propietarios han perdido en el juicio alrededor de 1.5 millones de dólares entre los honorarios de abogados, la destrucción de la propiedad y el robo del equipamiento del edificio.

La empresa presentó un juicio de amparo, lo ganó, y se ordenó reponer el procedimiento, lo que aún no sucede.

Los laudos resultantes en pagos generosos son una práctica común en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo. En 2012, por medio de estas instancias, los trabajadores recuperaron en juicios laborales 326.3 millones de pesos. La cifra se mantuvo estable en los dos años siguientes, pero en 2015, un año antes de la elección a gobernador, y en sólo cinco meses, la cantidad dio un salto para llegar a los 561.4 millones de pesos: 67% más que el año anterior, según
la página de transparencia de la Secretaría del Trabajo de Quintana Roo.

Si el dinero recuperado llegara realmente al trabajador, Quintana Roo sería el ensueño de cualquier empleado: mientras que en cinco meses de 2015 en la capital del país se recuperan 39,911 pesos por asunto concluido, en Quintana Roo se llega a los 129,740 pesos por cada uno de ellos.

La información de la página de transparencia no está completa: falta la cantidad recuperada en los otros siete meses del 2015 y el primer semestre del 2016, cuando se dio el laudo de algunos de los casos reportados en esta investigación.

SAQUEO EN LA TORRE

“Esta es mi casa: ¿qué quieres?, ¿qué güey?, ¿qué estás mirando? Es mi casa. Yo tengo las escrituras legales, ¿qué más quieres? No estoy jugando, eh”, advierte un hombre con acento cubano mientras amenaza con un tubo de metal a la coautora y el videasta de esta investigación de Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.image

Es una persona de carnes anchas y piel morena que este día de junio viste bermudas holgadas, playera deslavada, y muestra disposición a golpear al primero que se atreva a retarlo. La cámara lo capta amenazador. La reportera y el camarógrafo se ven obligados a retirarse.

El departamento que dice que es de su propiedad se encuentra en el exclusivo condominio Maioris Tower, y tiene un costo de cuatro millones de pesos. Algunos de los condominios de este desarrollo cuentan con elevador privado de acceso directo. Los periodistas pueden constatar cómo durante la toma de los departamentos varios cerrajeros presurosos cambian cerraduras de las puertas de acceso de los inmuebles.

El hombre del tubo de metal es una de las 10 personas que el 22 de mayo se apropiaron irregularmente de seis departamentos de ese desarrollo después de que, según las denuncias, fueran vendidos y escriturados por funcionarios de la administración del gobernador Roberto Borge.

Una hora antes de que la enviada de Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidadllegara en junio pasado a Maioris para atestiguar un desalojo, los supuestos nuevos propietarios habían arribado a ese lugar con una treintena de policías judiciales del Estado de Quintana Roo armados con armas largas, quienes rompieron chapas de las puertas de acceso sin mostrar una orden judicial, según varios testimonios.

Maioris Tower está compuesto por dos torres blancas de 17 pisos desde donde se puede divisar Cancún. Cuenta con embarcadero privado, alberca, áreas verdes, salón de usos múltiples, áreas infantiles, gimnasio, spa y acceso a un campo de golf.

El edificio de 92 condominios está ubicado en Puerto Cancún, una de las zonas con mayor plusvalía de la franja turística del Caribe. Debido a la situación legal, donde los precios de los departamentos van de los cuatro a los 10 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Propietarios Inmobiliarios (AMPI) y de los propios desarrolladores.

El ‘modus operandi’ de #LosPiratasDeBorge
Así funciona la maquinaria de despojos que tiene en vilo a inversionistas de Quintana Roo.

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EL PROCESO DEL DESPOJO

En noviembre de 2005, con el objeto de construir un edificio de condominios, un grupo de inversionistas españoles creó una sociedad llamada Maioris Cancún ante el notario No. 20, Benjamín De la Peña Mora, con sede en Cancún, padre de los hasta hace unos meses Secretario del Trabajo, Patricio De la Peña y del Secretario del Ayuntamiento de Cancún, José De la Peña.

Dos años más tarde, en octubre del 2007, el mismo notario tramitó la compra del terreno donde realizaría el lujoso complejo residencial. El 12 de enero del año 2010, ahora ante el notario Número 30, Luis Miguel Cámara Patrón, actual dirigente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, se constituyó el régimen de propiedad en condominio. Para su construcción, Maioris solicitó un crédito hipotecario con la Caja de Ahorro de Valencia, Castellón y Alicante Bancaja, ahora Bankia, por 33,4 millones de dólares.

En 2011 comenzó su comercialización. A mediados de 2015 la empresa tuvo un problema económico que le ocasionó una parálisis comercial y la entrada de nuevos inversionistas. Fue en ese momento cuando empezaron a aparecer otros “dueños”, distintos a los reconocidos por Maioris. La estructura oficial y empresarial relacionada al gobernador Borge, cual tiburón del Caribe, había olido ya la sangre de una empresa herida.

 

El abogado Francisco Siman narra que la empresa tuvo conocimiento de las 19 ventas irregulares de departamentos de lujo hasta cuatro años después. A pesar de que las ventas se realizaron supuestamente a partir de 2011, éstas, a decir del abogado, se inscribieron en 2015 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) de Quintana Roo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo que sucedía.

La encargada de dar fe a las operaciones de compra-venta fue la notaria número 22, Yolanda Solís Olveres, radicada en Isla Mujeres. Algunas de las transacciones de departamentos escriturados por ella fueron “vendidos” hasta en un 50% menos del valor comercial. Un ejemplo es el caso de los inmuebles con los números 26 y 90. En una sola transacción se vendieron en 538,470 dólares, cuando su valuación de mercado era de un millón de dólares.

Para las ventas fueron falsificadas, según la denuncia de Maioris, la firmas de la representante legal de la inmobiliaria y del ejecutivo de Bankia, acto por el que se levantaron denuncias ante el ministerio público. La notaria Solís Olveres se negó a recibir llamada de los reporteros hasta en tres ocasiones.

 

En febrero del 2016, Solís Olveres fue detenida por la policía municipal de Cancún, junto con otras dos personas cuando extraía dinero de una caja fuerte ubicada en un predio de una persona fallecida. En su camioneta se hallaron bolsas con 2 millones de pesos. En su defensa, la notaria dijo que fue contratada para realizar una inspección notarial, pero fue consignada por el delito de robo. Ahora está libre.

EN MANOS DE PRIISTAS Y DE VERDES

El penthouse 18 de Maioris hoy es propiedad de Federico Fichtl Unger y Ulrika Fichtl Merino, ésta última psicóloga y cuarta regidora por el Partido Verde en el Municipio de Benito Juárez (Cancún). El 2 de octubre del 2015, Ulrika lo compró en 7.5 millones de pesos, según datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Aunque se escucha costoso, el inmueble tenía una valuación de 10.4 millones.

La presidenta de la Comisión de Turismo del municipio hoy goza de un penthouse que consta de acceso principal, vestíbulo, cocina, comedor, sala y antecomedor con terraza, además de baño de visitas, cuarto de servicio con baño completo, cuarto de lavado, tres recámara con baño completo, una recámara principal con “walk-in-closet” y terraza panorámica con vista al mar.

Este sistema de supuesta venta, en donde los hoy dueños son en realidad compradores de aquellos a quienes Maioris asegura que nunca les vendió departamentos, se replicó con 18 condominios más que la inmobiliaria tampoco reconoce haber vendido, y por lo cuáles dicen haber perdido al menos 10 millones de dólares.

Entre los dueños de estos inmuebles se encuentran funcionarios públicos y personajes ligados a políticos como la actual directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Cancún, Lydia Esther Portilla Manica; Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien también fue procurador de Nuevo León en el gobierno del priista Rodrigo Medina.

Según escrituras obtenidas para el reportaje, también aparecen como dueños Gerardo José Rejón y Ruiz de Velasco, líder empresarial priista y socio de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, en el restaurante “Casona La Yucateca”, ubicado en Polanco, una de las zonas más caras de la Ciudad de México; y el ex funcionario municipal de Cancún, Aldo Francisco Reséndiz Martínez y su hijo Aldo Francisco Reséndiz Ruiz.

Contactado vía telefónica, Rejón y Ruiz de Velasco asegura que él encontró un departamento a buen precio a través de internet, que desconocía que hubiera problemas legales, que pagó con cheque por el mismo, y negó formar parte de una red de despojos. Reconoció que le dieron un menor precio, pero dijo que eso se debió a que “el vendedor quería deshacerse del inmueble porque se estaba divorciando” y que tenía adeudos de mantenimiento.

—¿Usted es comprador de buena fe?, se le preguntó.

Yo compro un bien inmueble que está anunciado en un página de internet a la venta y checo lo que puedo checar: la propiedad, la posesión y que esté ante el Registro Público su transacción.

—¿Recuerda usted qué página en internet era?

—No. Yo me puse a buscar bienes raíces y me apareció un departamento, como ahorita aparecen muchos.

—¿No teme estar involucrado en este red?

Si lo que quieres decir es que yo lo compré a sabiendas de un delito, estás muy equivocado.

El abogado de Maioris responsabiliza al gobierno estatal de Roberto Borge. “Consideramos que todos estos actos ilegales fueron llevados a cabo por la notario 22 y con la participación importante del Registro Público y de la Secretaría de Gobierno del estado de Quintana Roo, ya que ellos eran los responsables de supervisar este notario”, sostiene Francisco Siman, abogado de Maioris.

El representante de la empresa afirma que hasta la fecha no han podido obtener copias certificadas de las supuestas escrituras porque no han sido digitalizadas. Los folios se encuentran cerrados y nadie puede consultarlos a pesar de ser información pública.

Además del modelo de despojo vía notario público, a Maioris también le han quitado 4 departamentos por medio de demandas laborales siguiendo el modus operandi de Pochteca, Planigrupo y Lagoon Lofts.

FOLIOS CERRADOS

Son días de junio y las pequeñas oficinas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio no se dan abasto. Representantes de notarías, gestores de trámites y ciudadanos esperan ansiosos su turno de apenas 30 minutos frente a una de las ocho computadoras existentes. Media hora es el tiempo reglamentado para cada una de las consultas, pero sólo dan permiso a 20 minutos.

Falta un día para que Carlos Lima deje la titularidad del Registro Público y el aire se respira denso dentro de sus oficinas: si alguna persona hace una consulta, las secretarias revisan en las computadoras los folios que ese ciudadano consulta y lo anotan en su celular. Otros funcionarios toman uno a uno los datos de las computadoras. Vigilan.

“Ayer vinieron a anotar los números IP de las computadoras porque las van a revisar vía remota”, comenta una de las empleadas que atiende el archivo a un usuario que le reclama que el registro esté cerrado para consultar personas morales.

La oficina que documenta la propiedad de los inmuebles de Cancún vive una clausura de facto. Nadie puede consultar constituciones de empresas. La explicación oficial es una simple: “actualización del sistema”.

Hay folios clave, como los de “Maioris Towers”, que se encuentran cerrados al público, y sólo se abren si el delegado lo autoriza. Todos los folios de las ventas irregulares de Maioris Tower están cerrados y es imposible obtener copias certificadas.

DESPOJOS EN TULUM

Maioris es un caso entre muchos. Los despojos a través de juicios laborales, civiles y penales presuntamente manipulados o con títulos de propiedad apócrifos mantienen sitiado a Tulum, un destino situado a 130 kilómetros de Cancún favorecido por el turismo europeo. Del 2011 a la fecha, 28 predios, 26 hoteles y 13 cabañas privadas de la franja costera fueron arrebatados en el ejido José María Pino Suárez a través de juicios de la Junta de Conciliación y Arbitraje, (como el del hotel Playa Azul), y juicios civiles. Según los afectados, ninguno de los ejidatarios fueron parte o recibieron audiencia en estos juicios.

Expulsados del paraíso caribeño de Tulum… al infierno
Ejidatarios e inversionistas piden a las autoridades federales intervenir ante los casos de juicios amañados y despojos.

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El caso más reciente ocurrió el 17 de junio, cuando dueños y arrendatarios de 16 hoteles y tres predios fueron desalojados por presuntamente dejar de pagar un arrendamiento. La orden salió del juez oral de instrucción de primera instancia, Gustavo Efraín Chan Camaal, luego de resolver —en menos de tres meses— dos juicios civiles.

Los juicios, con expedientes 324/2016 y 326/2016, fueron promovidos por los hermanos Mauricio Esteban, Ciro Miguel, José Rafael y Francisco Schiavon Magaña en contra de Fernando Fuentes de la Cruz, un fantasmal arrendatario al que supuestamente le alquilaban kilómetros de playa. Acusado de no cubrir tres meses de renta, perdió 16 hoteles y 3 predios, aunque en Tulum nadie dice conocerlo. Fuentes, según los expedientes, les renta a todos sus tierras, por lo que en realidad nadie fue parte del juicio llevado a cabo en Playa del Carmen (ayuntamiento Solidaridad). Del juicio civil exprés tampoco nadie dice saber los detalles.

Ese viernes, desde las 6:00 horas, un amplio despliegue policial inundó las carretera Cancún-Boca Paila, en el terreno conocido como Punta Piedra. Más de 600 policías estatales, municipales y de seguridad privada se adueñaron uno a uno de los hoteles y sacaron a la calle a dueños, arrendatarios y huéspedes, sin darles explicaciones.

“El día de los despojos llegaron sin una orden de desalojo, como siempre nadie enseñó ningún documento y el actuario no se identificó, llegaron con golpeadores y seguridad privada que se quedó en los hoteles. Tapiaron las rejas y pusieron cadenas y letreros de ‘propiedad privada’”, narra Hidalio Martínez, presidente del Comisariado ejidal.

Sin discriminación: Extranjeros, entre los despojados de Quintana Roo
El pedazo de playa que el empresario italiano Simonne Portaluppi rentaba en Tulum fue objeto del esquema de saqueos.

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Uno de esos dueños despojados esa mañana es Julissa Guadalupe Carreño González, ejidataria desde hace más de 15 años y a quien por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto el 22 de enero del 2015 se le otorgó el certificado parcelario del Registro Agrario Nacional con terminación 8113/0001.

“El señor Enrique Peña Nieto expide estos certificados parcelarios a través de la Reforma Agraria (ahora Sedatu) y cómo es posible que el gobierno del estado pueda pasar sobre esta autoridad”, cuestiona Julissa con su certificado en mano.

A pesar del documento, la señora fue despojada de su hotel “Villa las Estrellas”, que lo tenía arrendado a Simonne Portaluppi, un ciudadano italiano.

“Este es el segundo predio que perdemos, uno fue en 2009 y no lo pudimos recuperar y ahora este predio, ya teníamos nuestro certificado y creímos que esto nos daba certeza jurídica. Lo que buscan estos empresarios (…) es que tengamos que sentarnos con los Schiavon Magaña a negociar para que nos vendan los predios porque ellos dicen que son los legítimos propietarios amparados en escrituras que provienen de un título falso”, señala Julissa.

 

¿QUIÉNES SON LOS EMPRESARIOS?

Las disputas de tierras se han desbordado durante la administración de Borge, y se han resuelto por la vía expedita. Según el representante ejidal Hidalio Martínez varios empresarios quisieron utilizar el supuesto título de propiedad 673 del 27 de octubre de 1948, expedido a favor de Antonio González Avilés por el presidente Miguel Alemán Valdez. Este título fue declarado inexistente por parte del Registro Agrario Nacional de la Secretaría de la Reforma Agraria.

 

Varios grupos defienden la validez de este documento: los empresarios originarios de Nuevo León José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo y Felipe de Jesús Montemayor Garza, dueños de la compañía Desarrollos Punta Piedra; los herederos de un ciudadano sueco de nombre Karl Eric Noren Ericcson, representados por Carlos Amador Treviño Lozano y, por último, los hermanos Schiavon Magaña. Los tres grupos de empresarios tienen supuestas escrituras que derivan del título de González Avilés, inscrito con ubicación en la Delegación de Gobierno de Felipe Carrillo Puerto y no en Tulum.

José María Garza Ponce y su hijo José María Garza Treviño crearon la empresa Desarrollos Punta Piedra en junio de 2008 durante el gobierno de Félix González Canto junto con cuatro hermanos de apellidos Montemayor Garza y otras siete personas con el objetivo de operar varios proyectos en predios de la zona “Punta Piedra”, justo en el ejido José María Pino Suárez. Durante esta administración el supuesto título de González Avilés, finalmente, surtió efecto.

 

En los últimos días, los afectados por los despojos del pasado 17 de junio —el mayor que ha habido en Tulum— han realizado protestas afuera de hoteles y en instalaciones del Poder Judicial para pedir las restitución de sus predios. Esta situación ha llegado ya a las embajadas de Francia, Italia y Argentina, debido a que dentro de los afectados hay ciudadanos de esas nacionalidades.

A través de una carta enviada por Eddie Villa Real, vocal ejecutivo de la Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez A.C., también se han llamado al gobernador electo, Carlos Joaquín González, para que su gobierno intervenga y ponga freno a esta situación.

El 25 de septiembre el nuevo gobernador, Joaquín González, heredará no solo un estado endeudado, sino un cúmulo de denuncias por despojo y una estructura bajo sospecha sobre el régimen de propiedad y de resolución de juicios laborales.

 

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