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More* No más excesos en el gasto de publicidad en Quintana Roo; el Gobernador Carlos Joaquín inicia el proceso para transparentar el uso de los recursos que se destinan a la comunicación social
* Reitera Carlos Joaquín que el gobierno tiene que dar confianza y certeza a los ciudadanos
Chetumal.- El Gobernador Carlos Joaquín firmó este martes la carta de intención para aplicar la plataforma denominada Transparencia en Publicidad Oficial, con la que se fortalece la rendición de cuentas, la cultura de la transparencia, la participación ciudadana y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental en materia de publicidad oficial.
Dicha plataforma es una herramienta tecnológica que permitirá transparentar el gasto en publicidad oficial y comunicación social del gobierno de Quintana Roo y es una iniciativa desarrollada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI), y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
“Quintan Roo formará parte del primer grupo de implementadores a nivel nacional de la herramienta de Transparencia en Publicidad Oficial, convenimos en la relevancia de esta herramienta para transparentar los gastos en comunicación social y publicidad oficial, y nos sumamos en el cumplimiento con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” expresó el Gobernador Carlos Joaquín en la firma de la carta de intención.
Además de ser una herramienta de transparencia, la plataforma responde a la necesidad de que los gobiernos estatales cuenten con un mecanismo de control en el manejo de los recursos públicos en publicidad oficial, desde la planeación de las estrategias de comunicación hasta la ejecución y evaluación del presupuesto.
El Ejecutivo Estatal sostuvo que con esta iniciativa se gesta un cambio en la relación entre los medios de comunicación y los gobiernos, con el propósito de mejorar el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión en el país; así como dar confianza y certeza a los ciudadanos.
Destaca también la firma de la carta de intención de la Presidenta Municipal de Cozumel, Perla Tun.
Para dar seguimiento al proceso de implementación el Gobernador Carlos Joaquín designó al Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal, Secretario de Gestión Pública, quien trabajará para concretar la adherencia a esta herramienta de transparencia.
qroo.gob.mx
vocero.qroo.gob.mx
carlos-joaquin-carta-de-transparencia-en-publicidad2
Por: SDP noticias
Una encuesta indican que 77% está a favor de la operación de la empresa.
México.- Uber denunció que más de 100 vehículos que prestan el servicio de transporte privado, han sido detenidos en la última semana por parte del Sistema de Infraestructura de Quintana Roo.
A través de un comunicado, la empresa informó que la detención de los vehículos se implementó en la última semana, donde 96 de los autos detenidos, trasladaban a ciudadanos de Cancún.
De hecho, durante el puente de tres días, 68 de los vehículos fueron confiscados, pese a que 77 por ciento de los habitantes piden su permanencia y se han juntado 31 mil firmas para que la plataforma continúe operando en Cancún.
La empresa solicita la intervención del gobernador Carlos Joaquín para detener las detenciones, que ha calificado como ‘arbitrarias’, así como frenar las amenazas y violencia contra los socios, los usuarios y turistas.
Por: Sin Embargo
Fundar dijo que el presupuesto también 9 veces superior al asignado a las Escuelas de Calidad o 248 veces más que el programa de la defensa de los derechos humanos. A su vez, el comisionado del INAI, Joel Salas, detalló que en los últimos tres años, el Gobierno federal sobrepasado su presuopuesto para publicidad oficial: “Tuvo un gasto adicional de casi 49 por ciento, en 2013; 35 por ciento, en 2014, y 80.5, en 2015” detalló.
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El gasto en publicidad oficial es excesivo, opaco y arriesga la pluralidad: Art. 19 y Fundar
Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).–Durante 2015, el Gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 9 mil 619 millones de pesos en publicidad oficial, monto equivalente al programa IMSS Prospera, dio a concoer Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de la organizació Fundar Centro de Análisis e Investigación.
Este monto también es, dijo, 9 veces superior al asignado a las Escuelas de Calidad o 248 veces más que el programa de la defensa de los derechos humanos.
Y dijo que en lo que va de la presente administración se han gastado un total de 24 mil millones de pesos.
Durante la presentación de la plataforma“Transparencia en Publicidad Oficial” para que los estados del país hagan del conocimiento público los recursos que destinan en ese rubro. La herramienta fue creada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y Fundar.
Si ha nivel federal es dificil detectar estso gastos a nivel estatal, la opacidad y la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial es una constante, acusó Pérez Garrido.
Resaltó que durante 2013, 27 entidades federativas gastaron 5 mil 639 millones de pesos productividad y competitividad agroalementaria, así como al de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con datos del Índice de Fundar y Artículo 19, .
A su vez, el comisionado del INAI, Joel Salas, detalló que en los últimos tres años, el Gobierno federal sobrepasado su presuopuesto para publicidad oficial.
“Tuvo un gasto adicional de casi 49 por ciento, en 2013; 35 por ciento, en 2014, y 80.5, en 2015” detalló.
Y señaló que hay una tendencia de los funcionarios públicos de personalizar la información que tiene como fin dar a conocer las acciones de gobierno: “La publicidad oficial no debe confundirse con la difusión de una imagen particular”, sentenció.
“El objetivo de la herramienta es que “las instituciones de gobierno, en todos sus niveles, gestionen y transparenten el gasto en comunicación social y publicidad oficial, tal y como lo indica la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)”, dijo la organización.
La organización no gubernamental dijo que la opacidad en esta materia refuerza la crisis de legitimidad de las instituciones públicas y nutren una relación viciada entre medios y gobiernos, que impacta sobre la independencia de los propios medios y la calidad de la información que recibimos las y los ciudadanos.
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La censura en México se basa en publicidad oficial: Fundar; promesa de EPN es “letra muerta”
Fundar, el INAI y otras organizaciones impulsan la campaña #PublicidadAbierta, con el que llaman a los gobernadores de las entidades federativas, así como a todas las instituciones de gobierno de los tres niveles, a sumarse a la iniciativa.
El gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, es el primero en implementar la herramienta, mientras que el gobierno de Quintana Roo, y el Ayuntamiento de Cozumel, de ese mismo estado, se comprometieron públicamente a ejecutar la herramienta antes de finalizar el año en curso; de igual manera la Auditoria Superior de la Federación manifestó su interés en sumarse a la iniciativa.
Por: Animal Político
La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información “veraz y útil para la localización, detención o aprehensión de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba”, exgobernador de Tamaulipas, quien es probable responsable de delitos contra la salud.
La PGR publicó la información sobre la recompensa en el Diario Oficial de la Federación (DOF), luego de que “a pesar del amplio despliegue de elementos de la Agencia de Investigación Criminal para cumplimentar la orden de aprehensión, aún no se ha logrado conocer el paradero del probable responsable, por lo que resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita su localización”.
La información será recibida en el domicilio: Avenida Paseo de la Reforma 75, en la colonia Guerrero, de la delegación Cuauhtémoc. También se puede enviar un correo electrónico a denunciapgr@pgr.gob.mx. y a través de los teléfonos (55) 53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, extensión 4748, en la Ciudad de México, y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte del país.
La PGR aclaró que el ofrecimiento y entrega de recompensa no será aplicable a servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como de sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.
En el año 2012, Tomás Yarrington fue acusado por fiscales federales de Estados Unidos de aceptar millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invertir el dinero en bienes raíces en Texas. Tras estas acusaciones, los fiscales estadounidenses presentaron dos solicitudes de confiscación de propiedades.
Yarrington utilizó a varios prestanombres y negocios para “convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero”, según los documentos interpuestos en Corpus Christi. El otro caso de confiscación fue presentado en San Antonio
Dice Alcaldesa que se investiga por presunción de fraude y falsificación de documentos a 14 personas beneficiadas con recursos del Fonacot: “Se trata de personas que se hicieron pasar por empleados del Ayuntamiento y que no están registrados como tal. Noticaribe
PLAYA DEL CARMEN, MX.- La Presidenta Municipal, Cristina Torres Gómez, entregó tres escritos mediante los cuales se da vista al Cabildo de Solidaridad sobre dos auditorías relacionadas al uso indebido de recursos federales etiquetados para obra pública durante 2015, cuando fungía como Alcalde Mauricio Góngora, el fallido candidato a la gubernatura de la alianza PRI-PVEM-Panal, así como de hechos probablemente constitutivos del delito en perjuicio del Instituto del Fondo Nacional de los Trabajadores (Fonacot).
Al respecto de los escritos de Minuta Resolutiva ASO/134/1 de la Auditoria QROO/Contingencias INV-Solidaridad/16 y de la Minuta de Revisión Documental ASO/135/1 de la Auditoria QROO/PRODEREG-Solidaridad/16, la Alcaldesa informó que se está dando seguimiento a los requerimientos que hicieran tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior en 2015 para la aclaración de uso de recursos federales por 10 millones de pesos.
“Nos informaron que ya no hay plazo para subsanar esto que se solicitó en 2015, corresponde ahora seguir los causes judiciales independientemente de los procedimientos administrativos. Seguramente habrá más denuncias, hemos encontrado otros indicios pero hasta no tener las carpetas completas no damos vista al Cabildo, respetando los plazos y las formas”, indicó.
Además, se investiga por presunción de fraude y falsificación de documentos a 14 personas beneficiadas con recursos del Fonacot. “Se trata de personas que se hicieron pasar por empleados del Ayuntamiento y que no están registrados como tal”, resaltó.
En este caso indicó que fueron utilizados tanto documentos como sellos falsos del Ayuntamiento de Solidaridad para beneficiar a supuestos trabajadores con recursos provenientes de este instituto, enfocados a la adquisición de bienes de consumo y pago de servicios.
Durante la misma sesión, se aprobó otorgar poderes de representación para temas de pleitos y cobranzas a los titulares de Oficial Mayor, Samaria Angulo Sala; el Contralor, Ludwig Paul Cárdenas; el Tesorero, Asunción Ramírez Castillo; así como al titular de Asuntos Jurídicos, Guillermo Escamilla Angulo, con el fin de que coadyuven con el Síndico Municipal en la defensa de los intereses del Honorable Ayuntamiento.
Por último, se dio lectura y aprobó el acuerdo mediante el cual se establece la mecánica para dar cumplimiento al Artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo durante la Administración 2016-2018 que dicta lo siguiente:
“ARTÍCULO 69: Si el órgano de control y evaluación interna de la Dependencia o entidad de la Administración Pública, tuviera conocimiento de hechos que probablemente impliquen responsabilidad penal, dará vista de ellos a la Secretaría de la Contraloría y a la autoridad competente para conocer del ilícito. Cuando se trate de servidores públicos municipales, el Presidente Municipal dará vista al Ayuntamiento”. (Con información del Ayuntamiento de Solidaridad)
Por: 24 horas
La Fundación del presidente electo Donald Trump admitió ante el Servicio Interno de Rentas (IRS) haber violado las reglas que prohíben el beneficio personal o familiar a dirigentes de organizaciones caritativas.
La aceptación de las transgresiones impositivas fue incluida en la declaración fiscal de la Fundación Trump del año 2015 y difundidas por el sitio de monitoreo de organizaciones sin fines de lucro Guide Star.
La declaración fiscal, retomada primero por The Washington Post, fue colocada allí por el bufete Morgan, Lewis & Bockius, que representa a la Fundación Trump, aunque el diario reconoció que no estaba claro si la misma firma fue remitida al IRS.
De acuerdo con la declaración fiscal, la Fundación Trump admitió haberse beneficiado con las aportaciones de terceras personas no sólo en 2015, sino en años previos.
Bajo la ley estadounidense, tal tipo de violaciones pueden resultar en multas y el reembolso del dinero desviado ilegalmente.
Aunque la firma no precisa los detalles de las transgresiones, durante la campaña presidencial trascendió que Trump pagó 20 mil dólares por un retrato suyo, pintado por el artista Michael Israel y que fue pagado por la Fundación Trump.
San Cloro ahora se autombra defensor de los periodistas y reclama que en las redes sociales los atacan, los ofenden y abraza y apapacha a esos pobrecitos que un internauta llamó las putas desamparadas de Borge. Aquí el boletín de un Raymundo King que ya perdió la chaveta, un bots perdido, un troll huérfano con su papá Borge con un pie en la carcel. BOLETIN 624
OTHON P BLANCO
22 de Noviembre de 2016.
PRI APOYA EL PERIODISMO RESPONSBALE, LIBRE, OBJETIVO Y EN FAVOR DE LA SOCIEDAD: RAYMUNDO KING
Chetumal.- EL PRI estará siempre del lado del ejercicio libre, sin presiones ni ataduras del periodismo veraz, oportuno y objetivo en Quintana Roo, por lo que cualquier trasgresión que sufran los que lo ejercen está noble profesión será denunciada y se pedirá todo el peso de la ley a quien o quienes agredan a los periodistas.
Afirmó el dirigente estatal del PRI, Raymundo King de la Rosa, luego de conocer diversos acontecimientos en los cuales presuntamente han sido agredidos varios periodistas en los municipios de Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez y Othón P. Blanco, por lo que se condena todo tipo de agresión que los comunicadores.
De acuerdo a los propios periodistas agredidos en muchas ocasiones han sido señalados, exhibidos y hasta insultados, principalmente en redes sociales, lo cual es grave que esto suceda en la entidad y debe terminar esta situación.
Señaló que el PRI en la XIV Legislatura promovió la protección a los derechos de los periodistas y/o al ejercicio del periodismo veraz, libre y objetivo, pues está convencido de que la sociedad se expresa a través de estos medios de información y esa libertad consagrada y protegida por la Constitución Política Mexicana jamás debe ser vulnerada.
El PRI condena todo tipo de agresión hacia los periodistas que en Quintana Roo han ido encauzando las demandas más sentidas de la sociedad civil y ser la firme expresión y puente de comunicación con la propia autoridad.
Los medios de comunicación son esenciales para la vida democrática de Quintana Roo, por lo que quienes ejercen hoy un periodismo veraz y oportuno, respetuoso de la ley y de las libertades y derechos de terceras personas, no puede ser agredido, minimizado y mucho menos chantajeado para favorecer la imagen de funcionarios públicos.
El PRI está a favor de la libertad de expresión y de la libertad de imprenta y a favor de los medios de comunicación y periodistas, que en el marco del derecho y respeto irrestricto a la ley, con el ejercicio objetivo del periodismo benefician a la sociedad quintanarroense, afirmó el diputado King.
María Cristina de la Cruz
Cancún, Quintana Roo.- Santiago Rodas, un periodista de la Agencia Notimex, Diario Respuesta y MarcrixNoticias, fue severamente golpeado esta tarde por agentes de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez (SMSPyT), luego de que estos intentaron impedir su trabajo como reportero.
Según los testigos, el reportero Santiago Rodas cubría un simple accidente de tránsito en el cruce de las avenidas López Portillo con Av. CTM de este municipio Benito Juárez, pero una de las partes afectadas pidió que dejara de tomar fotos, por lo que solicitó apoyo los agentes de la SMSPyT para que tres de ellos lo sometieran y lo lesionaran.
De manera extra oficial se supo que la persona que solicitó el apoyo de los elemento de la Policía es un funcionario, el cual habría dado dinero a estos para quitarle la cámara al reportero.
Tras la indicación del pseudo funcionario influyente, entre todos los agentes, a punta de patadas y golpes, sometieron al reportero gráfico y le pusieron la rodilla en el cuello y le pisaron los pies, por lo que le lastimaron la clavícula y las cervicales, todo esto, pese a que el reportero en todo momento se identificó.
Además, por la fuerza con la que le pusieron las esposas le lastimaron las muñecas, por lo que personal de la Cruz Roja trasladó al reportero al Instituto Mexicano del Seguro Social de la avenida Cobá.
Algunas personas presentes dijeron que “el uso desmedido de la fuerza de estos agentes es inaceptable y ojalá hicieran uso de esta fuerza contra los delincuentes que tienen a Cancún con los focos rojos por la inseguridad y no con la gente que solo cumple su trabajo”.
Tras estos hechos, la SMSPyT envío un Tuit afirmando que para este tipo de acciones hay cero tolerancia, mientras Harley Sosa Guillén, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, afirmó que se inició una averiguación de oficio por el caso.
El ataque de los Troles no se hizo esperar en las redes sociales, donde afirmaban que los agentes policiacos habían actuado de buena manera, mientras otro grupo de usuarios reales exigía justicia para este hecho.
Cerca de la media noche, Santiago Rodas rindió su declaración ante agentes ministeriales quienes iniciaron el expediente 331/11/2016 SMSTP/DA/311/11/2016.
*Exhorta Ombudsman Estatal a autoridades municipales respetar labor de periodistas
CHETUMAL, QUINTANA ROO (22/NOVIEMBRE/2016).- A raíz de las diversas quejas que ya se han recibido ante este organismo, principalmente en Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad y Puerto Morelos, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, lanzó un llamado a las autoridades municipales para respetar la labor periodística en el estado y evitar que se violen los derechos humanos de quienes componen este gremio.
Y es que de nueva cuenta, la Comisión de los Derechos Humanos tuvo conocimiento de un presunto agravio de elementos de seguridad pública municipal en contra de un periodista en la ciudad de Cancún el día de ayer, mientras cubría una nota sobre un accidente de tránsito. Ante dicha situación la Segunda Visitaduría General, con sede en Cancún, inició la queja de oficio y emitió este día una medida cautelar especialmente para que se proteja la integridad del periodista, solicitando se le dé la atención médica debida.
En los últimos meses esta comisión ha observado un incremento de acusaciones de periodistas sobre agravios físicos, intimidaciones y amenazas durante el ejercicio de su labor periodística, siendo que hasta la fecha de hoy se han recibido 10 quejas y se han emitido dos medidas cautelares para su protección. La mayoría de estas quejas se encuentran en etapa de integración, en los términos que indica la ley de esta comisión.
La constante de las quejas recibido en este año han sido precisamente las agresiones que han sufrido por parte de elementos de seguridad pública municipal mientras cubren ciertos acontecimientos como accidentes de tránsito, hechos policiacos y manifestaciones.
Inclusive el pasado 7 de noviembre el Consejo Consultivo de esta comisión se pronunció al respecto de las agresiones a periodistas, en donde destacó que aunque en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, existen protocolos para proteger las evidencias en la escena del delito, las restricciones deberán ser conforme a derecho, y que además se debe buscar en todo momento no transgredir la dignidad humana ni ejercer un uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de las y los comunicadores que se encuentren cubriendo esos acontecimientos.
Sosa Guillén reiteró que no se tolerará que ningún periodista sea atacado por realizar su labor, mucho menor por servidores públicos. Por el contrario, las autoridades están compelidas a respetar la libertad de expresión y por tanto a quienes ejercen este derecho.
En vista de los acontecimientos antes mencionados, se hace patente la necesidad de que las autoridades sean capaces de informarse sobre el alcance de sus atribuciones para no afectar los derechos de la ciudadanía, y evitar los abusos de autoridad.
Por último, el Presidente de la Comisión hizo un llamado para que las y los periodistas acudan a la Comisión a interponer sus quejas cuando se dé una situación similar o bien a ratificar sus quejas cuando se sigan de oficio para aportar testigos y pruebas de los hechos, y así robustecer las investigaciones con el fin de emitir una adecuada resolución de las quejas.
CHETUMAL, MX.- Ahora que el exgobernador Roberto Borge Angulo ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado por la administración actual, todas las miradas se centran en la persona que está encargada de investigarlo y llevarlo ante la justicia, el fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera, nombrado por el propio ex Gobernador, pero que además recibió como “obsequio” una notaría, a nombre de su esposa, reveló este día el diario Quequi.
De acuerdo con la información firmada por el reportero Luciano Núñez, el nombramiento de María Teresa Suárez Álvarez como notario público 112 de Cancún, viene a confirmar una vez más que el fiscal “heredado” al actual gobierno tiene lazos de lealtad con la persona que ahora le toca investigar, lo que supone un conflicto de intereses que debiera prender los focos de alerta.
Era un escenario predecible, pues Borge, en los últimos meses de su mandato, y sabiendo que el nuevo gobierno entraba con la promesa de campaña de auditar su administración, se encargó de poner diversos “candados” legales, conocidos como su “paquete de impunidad”, que incluía el nombramiento de Álvarez Escalera como fiscal por un periodo de nueve años.
Aunque la Fiscalía es una figura autónoma, su titular no fue consensuado con la sociedad organizada o con colegios de profesionales, sino que se asignó en automático a quien se desempeñaba como procurador, una persona subordinada que ya había demostrado su lealtad al gobernador en turno, al ocultar los múltiples desvíos realizados en su administración y al no perseguir las denuncias que afectaban los intereses del gobierno.
Sin embargo, el deber su cargo a Borge Angulo no era suficiente y el ex Gobernador se encargó de darle de “obsequio” la notaría pública 112 a su esposa, María Teresa Suárez Álvarez; fue sólo uno de los beneficiados con este “pago de favores” del gobernante saliente.
Faltaban pocos meses para que terminara la administración de Roberto Borge Angulo, y el entonces gobernador (papel y lápiz en mano) se vio obligado a elaborar una nutrida lista para el forzoso “pago de favores” a quienes mantuvieron la lealtad aún a prueba de todo.
Según las investigaciones y la información que ha dado a conocer el gobierno actual, fueron tres las herramientas que utilizó: tierras públicas, placas de taxi y notarías. Por otro lado, mandó diseñar un complejo entramado legaloide para dejar en puestos claves a sus incondicionales, acción que fue denominada como “paquete de impunidad” o “blindaje”.
Si bien el Congreso del Estado, dio reversa en muchos puntos que tenían que ver con las sanciones, quedaron en firme dos posiciones claves: el fiscal general, en manos de quien fuera el procurador, Carlos Arturo Álvarez Escalera y el auditor del estado, Javier Zetina.
Álvarez Escalera fue ascendido a procurador tras la salida de Gaspar Armando García Torres, a quien el gobernador apuntó en la lista de los que le tocaba notaría. Pero también quiso hacerlo del mismo modo con el flamante fiscal, a quien le aseguró un periodo de nueve años.
Fue así como Borge le asignó la notaría 112 de Cancún a María Teresa Suárez Álvarez, esposa del fiscal general, según consta en el Periódico Oficial del Estado.
De acuerdo a la edición del 11 de julio de 2016 de esta publicación, en su Tomo II, Número 63 Extraordinario Ter, se entregaron 23 notarías “en paquete”, incluida la de la esposa del fiscal general.
Ella fue solo una de las beneficiadas por el régimen saliente. También recibieron patente otros funcionarios públicos, como Javier Jesús Cárdenas Rivero (entonces procurador del ambiente), las diputadas Berenice Polanco (hoy regidora) y Judith Villanueva; además de parientes, como el hermano del diputado Juan Carlos Pereyra, Jorge Julián Pereyra Escudero, entre otros.
Todas estas notarías se entregaron con una convocatoria amañada en el periódico con pocos días de diferencia a la asignación de las mismas, motivo por el que diversos abogados se inconformaron e interpusieron amparos, que impiden que entren en operación.
De acuerdo a fuentes consultadas, una notaría puede alcanzar los ocho millones de pesos y existen 123 en todo el territorio estatal.
Según un documentos de Transparencia, las primeras cinco notarías del estado fueron entregadas por Jesús Martínez; 10, Pedro Joaquín Codwell; 10 por Miguel Borge; 5 por Mario Villanueva, 15 por Joaquín Hendricks. Los números se dispararon durante el sexenio de Félix González Canto: se entregaron 29 notarías; de acuerdo a los registros, desde la 46 a la 74.
El gobernador Roberto Borge Angulo entregó, en sus primeros cinco años, 25 notarías: de la 75 a la 100; y a pocos meses de dejar su mandato, lista en mano y en una sola convocatoria, de fecha 17 de junio 2016, otorga de la 101 a la 123 (23 de un solo plumazo): 48 nuevas notarías.
Si bien la denuncia de la PGR contra la designación del fiscal y el auditor de Quintana Roo quedó sin materia (acciones de inconstitucionalidad 57/2016 y 64/2017), el gobernador Carlos Joaquín tiene la facultad de nombrar a un nuevo fiscal, según confirmó un diputado que pidió reservas. Sería cuestión de semanas para que esto suceda.
Notarías Entregadas
Jesús Martínez Ross de la 1 a la 5
Pedro Joaquín Coldwell de la 6 a la 15
Miguel Borge Martín de la 16 a la 25
Mario Villanueva de la 26 a la 30
Joaquín Hendricks de la 31 a la 45
Felix Gonzalez Canto de la 46 a la 74
Roberto Borge Angulo de la 75 a la 123
(Fuente: Quequi)
Por instrucciones del Gobernador del Estado Carlos Joaquin Gonzalez, con la concreción del acuerdo Gobierno y Sindicatos, SINTRA, se soluciona el conflictivo y añejo problema de los moto-taxis en Puerto Aventuras, ponderó el Delegado Jesús Duarte.
Playa del Carmen, Solidaridad, 21 de noviembre de 2016.- Por instruccion del Gobernador Carlos Joaquin Gonzalez, se hace la creción en breve de un acuerdo entre las partes involucradas la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado quien es su titular Jorge Portilla, solucionó el conflictivo y añejo problema de las moto-taxis en Puerto Aventuras, reveló el delegado en Solidaridad de la SINTRA, Jesús Duarte.
Cabe mencionar que debido a la irregular actividad de las moto-taxis en Puerto Aventuras, se presentaron diversos enfrentamientos entre el sindicato de taxistas playenses y los afiliados a la CROC, COR y la UNTRAC.
“Después de varias pláticas, toda vez que prevaleció el diálogo y la concertación, se determinó signar un acuerdo entre las partes involucradas”, refirió.
En ese sentido, el delegado de la SINTRA en Solidaridad, comentó que el acuerdo entre los taxistas playenses, la CROC, la COR y la UNTRAC, “se realizará en el transcurso de la presente semana”.
Explicó que la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado, autorizará la circulación de transporte de pasajeros en moto-taxis en Puerto Aventuras nada más.
“Son 45 autorizaciones las que otorgará la SINTRA, 15 para cada organización obrera y campesina” especificó.
“El parque vehicular de las organizaciones obrera y campesina se redujo en un 50 por ciento”, agregó el titular de la SINTRA en Solidaridad.
“Después de firmarse el acuerdo, las organizaciones tendrán un plazo de 30 días para obtener sus pólizas de seguros y demás documentos oficiales para su circulación”, asentó.
Y advirtió que de concluir el plazo mencionado se procederá legalmente en contra de las unidades que estén irregulares, “se les infraccionará y el vehículo irá al corralón”..
“Sabemos de la necesidad del transporte urbano en Puerto Aventuras, pero sabemos también que es necesario darles las garantías necesarias a los usuarios”, precisó.